Aunque YPF logró ser excluida como parte en el juicio que la firma británica Burford emprendió contra el Estado argentino por la estatización de la petrolera en 2012, la situación judicial sigue teniendo impacto directo sobre la empresa. Un reciente fallo del Tribunal de Distrito de Nueva York ordenó que la República Argentina transfiera el 51% de las acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia en Estados Unidos, lo que pone en juego el control accionario estatal sobre la compañía.
Burford Capital adquirió los derechos para litigar en nombre de las empresas del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que habían sido accionistas minoritarios de YPF durante el gobierno de Néstor Kirchner. A la demanda se sumaron los fondos Eton Park y Bainbridge Fund, también exaccionistas. En el marco de ese litigio, los demandantes solicitaron que se les entreguen acciones como compensación por la supuesta falta de oferta pública obligatoria cuando el Estado expropió la petrolera.
En un comunicado enviado oficialmente a la Comisión Nacional de Valores y a la SEC de Estados Unidos el lunes por la noche, YPF informó que el 30 de junio el Tribunal de Nueva York “aceptó la moción de entrega de los demandantes, ordenando a la República que (i) transfiera sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de dicha orden; e (ii) instruya al BNYM a iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o a quien éstos designen dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”. Lo mismo aplica al fondo Bainbridge.
La empresa aclaró en el mismo comunicado que “no es parte en ninguno de los procedimientos de entrega” que describió. Sin embargo, sus títulos se vieron directamente afectados por el fallo: las acciones de YPF cayeron 5,6% tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Buenos Aires. La pérdida de confianza del mercado reflejó la preocupación por el futuro del control estatal sobre la petrolera.
“Las decisiones del Tribunal de Distrito sobre las mociones de entrega pueden ser apeladas por la República de acuerdo con las reglas procesales aplicables”, concluyó el documento oficial de la empresa. Según anunció el presidente Javier Milei, el Gobierno argentino ya se prepara para apelar esta decisión en las próximas instancias judiciales, en un intento por frenar la transferencia del paquete accionario clave de YPF.
