El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó en contra del planteo formulado por Cristina Fernández de Kirchner y por su ex socio comercial, Lázaro Báez, quienes buscan que la ejecución patrimonial del decomiso en la causa Vialidad deje de tramitar en Comodoro Py y pase al fuero Civil y Comercial. La maniobra apunta a frenar el avance del proceso iniciado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) luego de que la condena quedara firme, en junio, tras el fallo de la Corte Suprema. Ese tribunal había requerido la actualización del monto bajo decomiso, originalmente fijado en 84.835 millones de pesos, y que tras el informe pericial contable se elevó a 684.990.350.139,86 pesos. Pese a la intimación a un depósito solidario y voluntario, ninguno de los condenados cumplió.
En su dictamen, Villar recordó que la ejecución del decomiso deriva directamente del delito y no constituye “ni una medida de seguridad ni una pena”, por lo que no encuadra en las discusiones de arbitrariedad que la Casación podría revisar. Subrayó que la suma fijada se calculó a partir de la “manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados” y de los “sobreprecios plasmados” en las adjudicaciones de la obra pública, hechos que fueron evaluados en todas las instancias judiciales hasta alcanzar firmeza. Por ello, explicó que la imposición del decomiso responde tanto a la verificación del delito de administración fraudulenta como al cumplimiento de las “obligaciones convencionales asumidas por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción”. En este sentido, enfatizó que el decomiso es “la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquél”.
Mientras la Sala IV de la Casación —integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— analiza el planteo de la defensa, el fiscal remarcó que es un “error conceptual” pretender trasladar la discusión al fuero Civil y Comercial, ya que el decomiso no tiene naturaleza indemnizatoria ni persigue el resarcimiento de daños, sino que constituye “una consecuencia jurídica independiente” cuyo fin es eliminar las ventajas económicas obtenidas ilícitamente. A lo largo de los últimos meses, Cristina Kirchner intentó frenar cada etapa: primero rechazó la actualización del monto, luego cuestionó la fórmula que permitió arribar a los casi 685.000 millones de pesos, pero en ambos casos las decisiones fueron confirmadas por la Casación.
El debate se da mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron, hace apenas una semana, que se avance de manera inmediata con la ejecución de veinte inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner. Sin embargo, el TOF 2 no tomará ninguna decisión hasta que la Casación se pronuncie sobre el pedido de la defensa para cambiar de jurisdicción. En su dictamen de 13 páginas, Villar pidió que el trámite no se dilate más y fue terminante: “El mandato de optimización de las convenciones citadas permite descartar cualquier solución procesal que pretenda primordialmente demorar, entorpecer o menoscabar la ejecución del decomiso de los bienes, en este caso, ya ordenado por sentencia firme”. Con su presentación, comienza a correr el plazo de cinco días hábiles para que la Cámara resuelva y despeje el camino para que el TOF 2 determine finalmente si ejecuta los bienes de los condenados en el caso Vialidad.
