La senadora nacional por Tierra del Fuego Cristina López, referente del espacio kirchnerista, presentó un paquete de cuatro proyectos para bloquear la venta de casi 38 hectáreas de terrenos de la Armada en Ushuaia, autorizada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 764/2026. La medida, impulsada por el Jefe de Gabinete Diego Santilli, busca poner en valor bienes estatales improductivos que durante décadas permanecieron ociosos bajo administraciones peronistas sin generar un solo peso para las arcas públicas.
López calificó la operación de ‘negociado’ y pidió citar al Senado al propio Santilli y a la titular de la AABE, Tania Yedro. Sin embargo, la iniciativa oficial se enmarca en un plan más amplio de reordenamiento del Estado, el mismo que permitió a la Argentina alcanzar superávit fiscal por primera vez en 14 años y bajar drásticamente la inflación heredada del kirchnerismo.
Terrenos ociosos, un problema histórico
Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, miles de hectáreas de organismos estatales permanecieron abandonadas, sin uso productivo ni aporte fiscal, mientras el país acumulaba déficit tras déficit. La gestión Milei apunta a revertir ese esquema: vender lo que no se usa, sanear cuentas y evitar que el Estado siga siendo, como fue durante años, una maquinaria de gasto sin control.
Desde el oficialismo remarcan que la AABE releva sistemáticamente inmuebles públicos sin destino claro para transparentar su venta o reasignación, algo que nunca hizo el kirchnerismo cuando gobernó con total discrecionalidad sobre los bienes del Estado. La diferencia ahora es que hay reglas, controles y objetivos macroeconómicos claros detrás de cada decisión.
La reacción política de siempre
La estrategia de López repite un libreto conocido: cada vez que el Gobierno nacional avanza en una reforma que achica privilegios o pone en venta activos improductivos, aparece la denuncia de ‘entrega’ o ‘negociado’, sin ofrecer alternativas concretas de gestión. Los mismos sectores que hoy se rasgan las vestiduras por 38 hectáreas guardaron silencio durante los años de fuga de capitales, cepo cambiario y una inflación que llegó a superar el 200% anual.
El paquete legislativo incluye un pedido de informes de 13 puntos y hasta una citación bajo el artículo 71 de la Constitución, mecanismos legítimos del Congreso, pero que en los hechos buscan judicializar y frenar cualquier intento de modernización del Estado nacional en la provincia.
Un modelo que empieza a dar resultados
Mientras la discusión se instala en el Senado, la macroeconomía argentina sigue mostrando señales de estabilización: inflación en descenso, riesgo país a la baja y un Estado que, por primera vez en más de una década, gasta menos de lo que recauda. En ese contexto, la venta de tierras ociosas de organismos como la Armada no es un capricho ideológico sino parte de una política sostenida de eficiencia estatal.
El debate en Tierra del Fuego expone, una vez más, la resistencia de dirigentes peronistas a cualquier cambio que reduzca el tamaño de un Estado que, durante sus gestiones, se acostumbró a administrar recursos sin rendir cuentas. La gestión Milei, en cambio, apuesta a mostrar que cada decisión, incluso una venta de terrenos, puede convertirse en una herramienta más de ese ordenamiento macroeconómico que empieza a sentirse en el bolsillo de los argentinos.
