El proceso de licitación para la concesión del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como “Hidrovía”, enfrenta un escenario político y jurídico complejo. Este corredor fluvial, fundamental para el comercio de granos de Argentina y Paraguay, moviliza el 80% de las exportaciones del sector. A pesar de los cuestionamientos y recursos presentados por diversas empresas, el gobierno avanza con su plan de privatización, con la apertura de ofertas programada para el 12 de febrero.
En este contexto, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó una medida cautelar solicitada por la firma belga Dredging International (DEME), que buscaba suspender el proceso. “No surge, en esta etapa procesal, en forma palmaria o manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad del accionar administrativo”, argumentó el magistrado, quien dejó abierta la posibilidad de que el gobierno trate las impugnaciones antes de que concluya la licitación. La empresa apeló el fallo y, junto con otras compañías, exige modificaciones en los pliegos, que podrían garantizar al ganador una facturación de hasta 410 millones de dólares anuales durante 30 años, prorrogables por otros 30.
El proceso ha sido objeto de críticas por presunto direccionamiento hacia la firma belga Jan de Nul, actual operadora de la vía, y excluye a empresas como la china CCCC Shanghai Dredging, al estar controlada por un estado soberano. La Cámara de Puertos Privados Comerciales, por su parte, solicitó una prórroga de 30 días para la presentación de ofertas y mayor énfasis en las condiciones económicas, señalando que el diseño técnico actual limita la competitividad. También pidieron asegurar un dragado a 40 pies, clave para optimizar la carga de los buques.
Además, la embajada de los Países Bajos manifestó preocupaciones en nombre de empresas neerlandesas involucradas en el proceso, como Boskalis y Van Oord. En una nota dirigida al gobierno, señalaron “plazos insuficientes” y “montos excesivos” en las garantías, que incluyen 20 millones de dólares para la licitación y 10 millones para posibles impugnaciones. La nota también cuestiona el requisito de que el ganador asuma una deuda de 78,9 millones de dólares de la Administración General de Puertos (AGP), un costo que, aseguran, impactará en las tarifas para los usuarios.
En medio de estas tensiones, la Hidrovía emerge como un campo de disputa entre intereses públicos y privados, mientras se perfilan dudas sobre su manejo futuro y su impacto en el comercio regional.
