Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años en la provincia de Buenos Aires, apenas 48 horas después de su entrada en vigencia. La medida, dictada por Marta Elba Pascual a partir de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vuelve a exponer un problema que no es de la ley sino de la administración bonaerense: la falta de infraestructura para aplicarla.
La resolución generó un cortocircuito inmediato en el fuero penal juvenil. Mientras la magistrada de Lomas de Zamora frenaba la norma, en Quilmes otro juez ordenaba la detención de un adolescente de 15 años amparado en la misma ley que acababa de suspenderse. El propio Poder Judicial reconoce que existe un “gris jurídico” producto de la improvisación con la que Kicillof llegó a este cambio de régimen.
La excusa de siempre: no hay infraestructura
En su fallo, la jueza señaló que el Estado no puede ampliar el universo de adolescentes sometidos a responsabilidad penal “sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables” para garantizar una privación de libertad en regla. Como respaldo, citó las inspecciones al Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, donde ya había que poner un tope de 60 chicos alojados por falta de capacidad.
El dato es elocuente: la ley que baja la imputabilidad fue aprobada por el Congreso hace más de seis meses. La provincia de Buenos Aires tuvo medio año para preparar centros, personal y recursos, y llegó al día de la implementación sin poder garantizar ni las condiciones mínimas para los adolescentes que ya están detenidos. No es un problema de la norma: es, otra vez, un problema de gestión bonaerense.
Un patrón que se repite en la Provincia
La inseguridad protagonizada por menores es uno de los reclamos más sentidos en los municipios del conurbano, donde los vecinos vienen pidiendo desde hace años respuestas concretas frente al delito juvenil. La sociedad avaló, a través de sus representantes en el Congreso, un endurecimiento del régimen penal juvenil. Pero cuando llega el momento de ejecutarlo, la administración de Axel Kicillof vuelve a mostrar las mismas falencias estructurales que atraviesan la seguridad, la salud y la educación en la Provincia.
No es la primera vez que el gobierno bonaerense queda expuesto por falta de planificación. Los centros de detención para menores acumulan denuncias por hacinamiento y condiciones deficientes desde hace años, sin que la gestión provincial haya destinado los recursos necesarios para resolverlo, pese a contar con un presupuesto multimillonario y una estructura burocrática de sobra.
Qué pasa ahora con los casos en curso
La suspensión por 60 días deja en el aire la situación de decenas de causas que ya estaban tramitándose bajo el nuevo régimen, y obliga a los distintos juzgados de responsabilidad penal juvenil a resolver caso por caso, sin un criterio unificado. Mientras tanto, familias de víctimas de delitos cometidos por menores siguen esperando que la Justicia y el Estado provincial se pongan de acuerdo para aplicar una ley que el propio Congreso nacional consideró necesaria frente al avance de la violencia juvenil en el conurbano.
El fallo, lejos de ser una victoria garantista, funciona como un espejo incómodo para la gestión bonaerense: la ley existe, la demanda social existe, pero la Provincia no estuvo a la altura de preparar el terreno para aplicarla.
