El fiscal federal Ramiro González ha solicitado la indagatoria del ex presidente Alberto Fernández por presuntos hechos de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez. En el dictamen presentado, al que tuvo acceso el medio Clarín, se acusa a Fernández de tres delitos específicos, que en conjunto podrían representar una condena de entre 3 y 18 años de prisión. La acusación formal surge tres meses después de iniciada la investigación, en un contexto de pruebas que incluyen testimonios, registros oficiales, y documentación gráfica que apuntalan las denuncias de Yáñez.
Según los primeros informes de la investigación, los delitos atribuidos a Fernández incluyen lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Además, se le imputa abuso de poder y amenazas coactivas, ya que se habrían ejercido “principalmente para que Fabiola Yáñez no radique la denuncia penal”, de acuerdo con las fuentes judiciales. “Habiendo efectuado un pormenorizado análisis de los hechos investigados y las probanzas recopiladas a lo largo del trámite del expediente, entiendo que las conductas desplegadas por Alberto Ángel Fernández encuadran en los delitos de lesiones graves agravadas”, indicó el fiscal González en su dictamen.
La investigación expone presuntos episodios de violencia física y psicológica que datan desde el inicio de la relación en 2016, cuando Fernández aún no había asumido la presidencia. Según los testimonios y pruebas presentadas, la violencia incluyó desde “agarrones del cuello y cachetazos” hasta un golpe en el rostro de Yáñez que le provocó una lesión visible en el ojo derecho. Durante la convivencia en la Quinta de Olivos, se relatan otros episodios que, según el dictamen, formaron un patrón de maltrato. Además, la fiscalía destaca que en el marco de una relación de poder asimétrica, Yáñez “fue coaccionada para no denunciar” mediante un patrón de dependencia económica, amenazas y manipulación emocional.
En el expediente penal se detallan pruebas extraídas de los dispositivos de la propia Yáñez y de su entorno, además de entrevistas con diversos testigos, entre ellos familiares, personal de la Quinta de Olivos, y profesionales de la salud. Los informes psicológicos y psiquiátricos reflejan un “desgaste emocional” y una “fuerte afectación en la salud mental” de Yáñez, quien fue diagnosticada con secuelas de daño psicológico por violencia sostenida en el tiempo. En conjunto, estas pruebas han llevado al Ministerio Público Fiscal a considerar que existen elementos sólidos para imputar a Fernández por violencia de género y otros agravantes.
