La Unidad Penitenciaria 11 de Baradero llevó adelante el segundo simulacro anual de incendio y evacuación correspondiente a 2026, en el marco de los protocolos de seguridad que exige el Servicio Penitenciario Bonaerense. El operativo buscó medir los tiempos de respuesta del personal y la capacidad de reacción ante una emergencia real dentro del establecimiento.
Durante la jornada se pusieron en práctica las maniobras de evacuación de internos y agentes, la activación de alarmas, el uso de matafuegos y la coordinación con los sectores de guardia externa. Este tipo de ejercicios forma parte de un cronograma anual que busca garantizar condiciones mínimas de seguridad en un sistema penitenciario que, pese a los esfuerzos del personal de base, enfrenta serias limitaciones estructurales.
Un protocolo necesario en medio de un sistema colapsado
El simulacro de Baradero es, en el papel, una buena noticia: muestra que todavía existen protocolos vigentes de prevención dentro de las cárceles bonaerenses. Sin embargo, no puede analizarse por fuera del contexto real del sistema penitenciario provincial, marcado por la sobrepoblación, la infraestructura deteriorada y la falta de inversión sostenida por parte de la gestión de Axel Kicillof.
Mientras el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense hace lo que puede con los recursos disponibles, la administración provincial sigue mostrando la misma inacción que caracteriza a buena parte de su gestión en seguridad. Las unidades penitenciarias del conurbano y del interior bonaerense acumulan denuncias por hacinamiento, motines y condiciones edilicias peligrosas, mientras el gobierno provincial prioriza el relato político por sobre las soluciones concretas.
Contraste con el rumbo de seguridad a nivel nacional
El contraste con la política de seguridad que impulsa el gobierno de Javier Milei es cada vez más evidente. Mientras a nivel nacional se trabaja en el fortalecimiento de las fuerzas federales, el combate al narcotráfico y una política de mano dura que empieza a mostrar resultados concretos en la baja de delitos complejos, la provincia de Buenos Aires sigue atada a una gestión kirchnerista que no logra resolver los problemas estructurales de su propio sistema carcelario.
El Gobierno nacional, en simultáneo, avanza con el ordenamiento de las cuentas públicas, la baja sostenida de la inflación y el equilibrio fiscal, generando un marco de previsibilidad que la gestión bonaerense no logra replicar en ninguna de sus áreas, incluida la seguridad. La diferencia de rumbo entre Nación y provincia vuelve a quedar en evidencia en episodios como este, donde la responsabilidad diaria recae en los trabajadores penitenciarios y no en las decisiones políticas de quienes manejan los fondos provinciales.
Desde AlertaGBA remarcamos la importancia de que este tipo de simulacros se repliquen en todas las unidades del sistema bonaerense, pero también insistimos en que los protocolos de papel no alcanzan si no van acompañados de una inversión real en infraestructura, personal y condiciones dignas de trabajo y detención. La diferencia entre el discurso y la gestión efectiva sigue siendo, lamentablemente, el sello distintivo de la administración de Kicillof.
