El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, continúa sumando causas judiciales que agravan su situación legal, a pesar de la condena que recibió en 2022 por peculado y negociaciones incompatibles en la llamada megacausa. A su ya compleja situación se le suman dos nuevos procesos judiciales que podrían complicarlo aún más. Uno de ellos está relacionado con presuntos sobornos de un empresario paraguayo, Diego Cardona Herrero, quien habría recibido ocho contratos durante la gestión de Urribarri. Estos contratos fueron sucesivamente prorrogados, y la causa se encuentra en la etapa de remisión a juicio oral. El otro proceso involucra la investigación sobre un supuesto enriquecimiento ilícito, centrado en la adquisición de propiedades y el aumento inexplicable de su patrimonio desde que asumió la gobernación de Entre Ríos en 2007.
En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, se investiga la compra de varias propiedades, entre ellas una segunda casa en el lago Salto Grande, un departamento en Punta del Este y otro en Puerto Madero, que Urribarri compró y luego vendió. Además, se observan numerosos viajes al exterior en primera clase. Se estima que el exgobernador no podría justificar entre 8 y 9 millones de dólares en el aumento de su patrimonio durante su mandato. Esta causa está por entrar en la etapa de remisión a juicio oral en la justicia entrerriana, lo que podría derivar en una nueva acusación formal en su contra.
La condena de 8 años de prisión en la megacausa, que fue efectivizada recientemente, muestra un patrón similar en las otras causas que Urribarri enfrenta actualmente. En los expedientes conocidos como “Imprenta” y “Parador de Mar del Plata”, el tribunal determinó que tanto Urribarri como su exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, estuvieron directamente involucrados en los hechos. Según el fallo de 2022, ambos firmaban órdenes de publicidad y decretos sin la intervención de otros funcionarios, ocultando los vínculos personales y familiares con los contratistas. Una de las pruebas más importantes en este caso fue un disco rígido encontrado de manera insólita: arrojado por la ventana de una casa vecina a las empresas involucradas, que contenía correos electrónicos, documentos, y hasta un esquema de sobornos, que terminaron por confirmar los delitos imputados.
Además, en el marco de la causa “Parador de Mar del Plata”, el disco rígido también reveló llamados telefónicos entre Urribarri, sus allegados y el empresario Caruso, así como los acuerdos que se llevaron a cabo para disimular la campaña presidencial de Urribarri bajo la fachada de una promoción turística de Entre Ríos. Asimismo, se hallaron documentos detallando un plan para devolver el dinero obtenido de manera ilícita, a través de pagos en efectivo y transferencias bancarias a empresas vinculadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Estas pruebas continúan acumulándose, sumando más cargas contra el exgobernador, quien se enfrenta a un futuro incierto en el ámbito judicial.
