El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental, luego de una negociación con los gobernadores sobre el financiamiento de los centros especializados. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto mantiene dos pilares centrales de la ley vigente: la prohibición de crear nuevos manicomios y el carácter excepcional de las internaciones, que solo podrán disponerse cuando exista riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros. También se redefine la intervención de médicos y psicólogos en los equipos de tratamiento, un punto que generó intenso debate entre especialistas y legisladores durante semanas previas a la sesión.
Diálogo con las provincias, la marca de esta gestión
Lo más destacable de la jornada fue el método: el oficialismo aceptó modificaciones puntuales para garantizar el respaldo de sus aliados y de varios gobernadores dialoguistas, logrando así un consenso amplio que pocas veces se vio en el Congreso durante los años del kirchnerismo. Mientras la city y el interior productivo reclamaban previsibilidad, La Libertad Avanza demostró nuevamente su capacidad de negociar sin resignar los ejes centrales de sus reformas.
Este tipo de acuerdos contrasta con la lógica de bloqueo permanente que caracterizó durante años a buena parte del peronismo, incluidos varios intendentes del conurbano bonaerense que suelen reclamar fondos a Nación mientras ofrecen poca colaboración legislativa real. La sesión del Senado mostró que, cuando hay voluntad de diálogo genuino, es posible modernizar leyes sensibles sin caer en el relato setentista que trabó durante años cualquier actualización normativa en salud mental.
Una sesión maratónica con señales económicas claras
La misma jornada, el Senado aprobó el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), una herramienta clave para atraer capitales a gran escala en un contexto de ordenamiento macroeconómico que ya exhibe resultados concretos: inflación en baja sostenida, superávit fiscal y un clima de previsibilidad que la Argentina no tenía desde hace más de una década. También se dio luz verde al marco regulatorio para el mercado de créditos de carbono, otra señal de que el Gobierno nacional busca insertar al país en las reglas de juego del mundo desarrollado.
Además se aprobaron proyectos de alto impacto social, como la incorporación de cartas con pictogramas en restaurantes para personas con discapacidad y la promoción de la educación emocional en las escuelas, dos iniciativas con amplio consenso político que muestran que, pese a las diferencias ideológicas, el Congreso puede producir leyes útiles cuando el oficialismo marca la agenda con seriedad.
Por otro lado, la Cámara alta avanzó con cambios en la ley que transfirió 525 hectáreas de tierras nacionales a Puerto Madryn y busca retomar el debate sobre el límite a la venta de tierras a extranjeros, un tema que el kirchnerismo manoseó durante años con fines más discursivos que prácticos.
El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que brindará su primer informe de gestión ante el Senado el 25 de noviembre, en lo que será una nueva instancia de rendición de cuentas que el Gobierno de Javier Milei promueve como parte de su compromiso con la transparencia institucional. Finalmente, por unanimidad, los senadores aprobaron una declaración para invitar al papa León XIV a visitar el Congreso argentino.
Con la media sanción ya lograda, la reforma de Salud Mental queda ahora en manos de Diputados, donde se espera que el oficialismo repita la estrategia de diálogo federal que le permitió destrabar uno de los debates más postergados de los últimos años.
