Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de una crisis política interna, la vicepresidenta Victoria Villarruel formalizó la decisión del Senado de ratificar la ley de Emergencia en Discapacidad y rechazar el veto presidencial. La comunicación fue enviada este lunes al presidente Javier Milei, luego de que la Cámara Alta derogara por amplia mayoría el veto, el primero que no logra pasar el filtro del Congreso desde el gobierno de Néstor Kirchner. La norma ya había sido respaldada previamente por Diputados, consolidando así su aprobación. “Está claro que luego de la insistencia en la Cámara de Diputado y del Senado, la ley de Emergencia en Discapacidad es ley y hay que ponerla en marcha”, afirmó Daniel Arroyo (Unión por la Patria), presidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, destacando la importancia de la medida para iniciar su implementación.
El jefe de Estado deberá ahora decidir si cumple con su intención de judicializar la norma, tal como había adelantado durante su discurso en la Bolsa de Comercio. Milei, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habían cuestionado previamente la legitimidad de la sesión del Senado, argumentando que no se cumplieron las formalidades de convocatoria a través de la vicepresidenta. Pese a estos cuestionamientos, la oposición logró juntar quórum y aprobar la ley. Desde Casa Rosada, se mantiene cierto hermetismo, aunque fuentes oficiales confirmaron la intención de llevar la medida a la justicia, mientras se debate si algún juzgado aceptará el pedido. En caso de que la vía judicial no prospere, Francos podría quedar expuesto a denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario.
Con la ley ratificada, el jefe de Gabinete deberá gestionar los trámites administrativos para reasignar partidas presupuestarias, ya que el Gobierno opera con el presupuesto aprobado en 2023. Una vez liberados los recursos, la Agencia de Discapacidad (ANDIS) deberá ejecutar la norma, que establece la emergencia hasta diciembre de 2026, con opción de prórroga por un año más. El proyecto prevé compensaciones de emergencia para prestadores, asignaciones para talleres de producción y la obligación del Estado de saldar deudas pendientes con los prestadores del sistema de salud, así como actualizar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal total de estas medidas oscila entre $ 2,4 billones (0,28% del PBI) y $ 4,3 billones (0,51% del PBI). “Se hará un seguimiento para ver si se aplica la ley”, aseguró Arroyo, mientras que desde la oposición no descartan la posibilidad de presentar una moción de censura contra Francos en caso de incumplimiento, lo que podría derivar incluso en la salida del jefe de Gabinete.
