El reciente rechazo del Senado a los pliegos de los doctores Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó un fuerte impacto institucional y abrió una serie de interrogantes en torno a la constitucionalidad del Decreto 137/2025, a través del cual se designó en comisión a García-Mansilla. La situación reactiva el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo en la designación de jueces de la Corte y sobre la validez jurídica de las decisiones adoptadas sin el consentimiento del Senado.
Distintos sectores de la doctrina constitucional ya analizan los posibles caminos jurídicos frente al escenario planteado. La interpretación más directa sostiene que, ante el rechazo de los pliegos por parte del Senado, la designación en comisión debería cesar de forma automática. Esta postura, respaldada por el constitucionalista Germán Bidart Campos, fue también planteada en el recinto por legisladores como Daniel Bensusán y Martín Lousteau. En este sentido, se apela al artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que regula el procedimiento de nombramiento de jueces con acuerdo del Senado, para señalar que la negativa legislativa desactiva cualquier intento del Ejecutivo de mantener una designación provisoria.
Otras alternativas contemplan vías judiciales. En particular, se espera un fallo en la causa “CEPIS”, que tramita ante la Justicia Federal de La Plata, donde se discute la constitucionalidad del decreto en cuestión. Una eventual sentencia que declare su invalidez podría dejar sin efecto la designación de García-Mansilla como juez en comisión. Asimismo, en la Corte Suprema aguardan resoluciones los casos “Gil Domínguez, Andrés y otros” y “Red de Mujeres para la Justicia”, que cuestionan la propuesta de dos hombres para la Corte por contradecir el principio de igualdad real de género en el acceso a cargos públicos, según normas constitucionales y tratados internacionales.
Frente a este complejo escenario, también se plantea una salida política e institucional: que el propio García-Mansilla renuncie a su cargo como un “mínimo gesto de dignidad republicana”. Para diversos sectores jurídicos y políticos, su alejamiento voluntario reforzaría la fuerza normativa de la Constitución y contribuiría a restablecer el equilibrio de poderes. La situación, en definitiva, reaviva un debate profundo sobre la legitimidad de las designaciones en comisión y la necesidad de respetar los mecanismos constitucionales para ocupar cargos en la máxima instancia judicial del país.
