La Ruta Nacional 5 se convirtió en el escenario de una creciente tensión entre los productores agropecuarios y los gobiernos locales en la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, agricultores y vecinos rurales de los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares manifestaron su profundo malestar por las graves inundaciones que afectan a la región desde marzo y por lo que consideran una inacción preocupante de las autoridades frente a la emergencia. Las protestas, que incluyeron tractorazos y la elevación de reclamos formales, ponen en evidencia un problema crónico: la falta de infraestructura adecuada para enfrentar los excesos hídricos.
El fin de semana, aprovechando la conmemoración del Día Nacional de los Caminos, los productores de Carlos Casares realizaron una masiva movilización. Desde la rotonda de la Ruta 5 hasta la plaza municipal, desfilaron con tractores y camionetas para evidenciar el deterioro de los caminos rurales y reclamar soluciones al intendente Daniel Stadnik, a quien acusan de no haber tomado medidas suficientes para evitar el colapso. Se estima que cerca de 110.000 hectáreas de ese partido están bajo agua, afectando gravemente la producción tambera, agrícola y la vida cotidiana de cientos de familias.
La productora y excandidata a diputada provincial, Andrea Passerini, compartió imágenes impactantes en redes sociales: caminos absolutamente anegados por donde no solo debe circular la producción lechera, sino también los niños que asisten a la escuela. “Menos discursos, más caminos. Queremos transitar, no nadar”, fue la consigna que acompañó su publicación, reflejando el sentir de los manifestantes, que acusan una combinación letal entre las adversidades climáticas y el abandono político.
Una carta firmada por más de 550 personas fue presentada al intendente Stadnik durante la protesta. Bajo el título “No es exceso de lluvia, es exceso de abandono”, el documento señala: “La situación actual afecta la vida, salud, integridad y dignidad de las personas de la zona rural de Carlos Casares”. En el texto, los vecinos cuestionan que “la situación se agravó por inacción” y exigen “plan, plazos, obras, controles y resultados. No más palabras: acciones”.
Entre las demandas concretas, los manifestantes reclaman la “activación inmediata de Defensa Civil y la conformación de un Comité de Crisis con un protocolo público”, para atender a las familias aisladas y responder de manera organizada a la emergencia. También piden que se prioricen obras hidráulicas con criterios técnicos y auditables dentro de un plan integral que contemple soluciones de corto y largo plazo.
El conflicto se desarrolla en un año marcado por intensas lluvias, pero también por la ausencia de infraestructura de drenaje adecuada en la región. La situación se agrava por la suspensión de las obras de canalización del Río Salado, una intervención clave para la zona. Semanas atrás, el Gobierno nacional anunció la reactivación de esos trabajos, pero según informó el productor Ignacio Iturriaga, de las cuatro empresas contratistas que deberían retomar las tareas, solo una ha vuelto al terreno.
La tensión entre las comunidades rurales y las autoridades locales parece disponer de poco margen para la espera. Mientras tanto, los productores de 9 de Julio y Carlos Casares continúan enfrentando día a día la realidad de caminos intransitables, pérdidas productivas y un sentimiento de abandono que, como ellos mismos resumen, no se explica solo por el clima, sino por una deuda histórica de infraestructura.
