El extenso juicio por la expropiación de YPF volvió a sumar un capítulo decisivo, esta vez en el terreno del discovery de activos, una instancia clave para los demandantes que buscan identificar bienes argentinos embargables en el exterior. La causa, impulsada por las firmas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park —todas financiadas por el fondo Burford Capital— apunta a forzar al país a negociar o a pagar los 16.100 millones de dólares más intereses establecidos por la Justicia estadounidense desde septiembre de 2023. En ese marco, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska rechazó este jueves 9 de octubre las objeciones del Gobierno argentino y reiteró la orden para que, antes del 30 de octubre, se entreguen los correos electrónicos y chats de WhatsApp del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa.
La resolución de Preska representa un golpe a la estrategia legal argentina, que había apelado la medida y ahora buscará obtener una suspensión hasta que la Cámara trate el caso. Los demandantes pretenden demostrar que YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Energía Argentina (Enarsa) y el Banco Central (BCRA) funcionan como “alter ego” del Estado, una figura jurídica que permitiría avanzar sobre sus activos en el exterior. Entre los bienes que podrían quedar bajo la lupa aparecen incluso las reservas en oro enviadas al extranjero durante la actual gestión económica. Durante la audiencia, Preska fue categórica: “Se ordena a la República recopilar y producir estas comunicaciones a más tardar el 30 de octubre, y luego veremos dónde estamos”. Con esa frase, la magistrada reafirmó su decisión y descartó los argumentos “de demora” de la defensa argentina, a los que interpretó como parte de una estrategia dilatoria.
Los representantes argentinos, del estudio Sullivan & Cromwell, sostienen que exigir conversaciones privadas de funcionarios y ex funcionarios vulnera derechos constitucionales y excede lo razonable en un proceso judicial. Sin embargo, Preska respondió que la orden no constituye coerción, sino un pedido de cooperación, puesto que —de acuerdo con los demandantes, representados por Levine Lee, King & Spalding y Kellogg Hansen— en esos dispositivos hay comunicaciones oficiales. La tesis de las partes querellantes es que tanto Caputo como Massa utilizaron teléfonos y chats personales para tratar “asuntos de Estado”, y que, además, existen elementos públicos que sugieren intervenciones directas del Ministerio de Economía en decisiones comerciales de YPF, como los precios de la nafta, del gasoil y definiciones de inversión.
En este contexto, la audiencia de cumplimiento fijada para el 30 de octubre será determinante. Si la Argentina no entrega el material solicitado, podrían imponerse sanciones que complicarían aún más la posición del país en un litigio que ya arrastra consecuencias financieras y diplomáticas. La presión también se extiende a la posibilidad de embargos sobre activos estratégicos. A medida que avanza el discovery, los demandantes buscan fortalecer su argumento central: que el Estado argentino controló de hecho a YPF durante los períodos investigados y que, por lo tanto, sus bienes pueden ser alcanzados para garantizar el pago del fallo. La decisión final dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas, mientras la Argentina intenta frenar un proceso que, lejos de desacelerarse, se profundiza.
