Un nuevo relevamiento sobre presión tributaria municipal volvió a poner en evidencia una realidad que golpea el bolsillo de los vecinos del Gran Buenos Aires: mientras el Gobierno nacional logró bajar la inflación y ordenar las cuentas públicas, buena parte de los municipios bonaerenses sigue exprimiendo a comercios, industrias y familias con tasas que no se condicen con la calidad de los servicios que ofrecen. El contraste entre el ajuste prolijo de Nación y el apriete fiscal municipal es cada vez más difícil de disimular para los intendentes del conurbano.
El peso de las tasas en el conurbano
Los estudios privados que año tras año comparan la carga tributaria entre distritos vienen marcando una tendencia sostenida: los municipios del conurbano bonaerense, en su gran mayoría administrados por el peronismo y el kirchnerismo, suelen ubicarse entre los que exigen mayores porcentajes sobre ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene y derechos de construcción. Esa presión impacta de lleno en pymes y comercios de barrio, que ya vienen sorteando un escenario de reacomodamiento de precios relativos.
Lo llamativo es que ese mayor cobro no siempre se traduce en mejores servicios. Alumbrado deficiente, calles rotas, recolección de residuos irregular e inseguridad son quejas recurrentes de vecinos en distritos donde las boletas de tasas municipales llegan cada vez más altas. La contracara de ese combo —más impuestos, menos servicios— es terreno fértil para el clientelismo político que históricamente caracterizó a buena parte de la gestión local del conurbano.
Un contraste con el rumbo nacional
Mientras eso ocurre a nivel municipal, el Gobierno de Javier Milei continúa consolidando el proceso de desinflación y el equilibrio fiscal que heredó destruido tras años de populismo kirchnerista. La baja sostenida de la inflación, el superávit fiscal y financiero, y el progresivo retiro del Estado de áreas donde no debía estar, generaron un marco de previsibilidad que las provincias y municipios deberían replicar, en lugar de seguir financiando estructuras políticas sobredimensionadas a costa del contribuyente.
No es casual que la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires tampoco haya mostrado señales claras de achicar el gasto político ni de bajar la carga impositiva provincial, trasladando buena parte del esfuerzo de ajuste a los municipios y, en definitiva, a los vecinos. La diferencia de rumbo entre la macroeconomía ordenada que impulsa Nación y la pesada mochila tributaria que sostienen numerosos distritos bonaerenses es cada vez más evidente para quien paga sus impuestos todos los meses.
Qué pueden hacer los vecinos
Especialistas en finanzas públicas municipales coinciden en que la salida pasa por transparencia y reducción de estructuras, no por seguir cargando tasas sobre un sector privado que recién empieza a respirar gracias al ordenamiento macroeconómico nacional. Comparar la presión tributaria entre municipios se volvió, de hecho, una herramienta cada vez más usada por cámaras empresarias y vecinos autoconvocados para exigirle a sus intendentes mayor responsabilidad fiscal.
En un contexto donde la Argentina empieza a mostrar signos de normalización económica, la pregunta que queda flotando en el Gran Buenos Aires es por qué, mientras el país ordena sus cuentas, tantos municipios del conurbano siguen eligiendo el camino fácil de cobrar más en lugar de gestionar mejor.
