La ratificación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario generó una nueva controversia en el Congreso. La oposición acusa al gobierno de Javier Milei de buscar “ahogar a las universidades” con el argumento de la falta de control sobre las 66 instituciones educativas nacionales. En respuesta, desde el oficialismo se comprometieron a avanzar “a fondo” para garantizar la transparencia en la gestión de los rectores y mejorar el control de las finanzas universitarias.
La disputa se remonta a noviembre de 2022, cuando un acuerdo entre el entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, concluyó que las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) “no resultaban aplicables” a las universidades nacionales. Este acuerdo fue señalado como el origen de la falta de control sobre las instituciones educativas, lo que motivó a la oposición a impulsar un proyecto que buscaba aumentar el presupuesto universitario y mejorar los salarios de docentes y no docentes. Sin embargo, el oficialismo cuestionó la transparencia de las universidades y advirtió que la continuidad de esta situación generaba un riesgo para el sistema educativo.
Jesús Rodríguez, ex presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y referente de la oposición, señaló que la actual administración mantiene la misma política que la de Alberto Fernández al no someter a las universidades al control de la SIGEN. Rodríguez criticó la postura del síndico general Miguel Blanco, a quien acusó de estar “desinformado de sus competencias”. Blanco, por su parte, sostuvo que el gobierno evalúa revertir la resolución de Zannini o aplicar el artículo 59 de la Ley de Educación Superior, que permitiría a la SIGEN supervisar las cuentas universitarias.
A pesar de las críticas, el oficialismo anunció que seguirá adelante con la revisión de las finanzas universitarias. Según fuentes cercanas al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se está consultando con el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, sobre la posibilidad de derogar la resolución de Zannini. La intención del gobierno es avanzar en auditorías profundas para identificar irregularidades en las universidades. Mientras tanto, la AGN, encabezada por Juan Manuel Olmos, anunció que su plan de acción para 2024 incluirá la auditoría de universidades como Córdoba, La Plata, Jujuy y Salta, entre otras.
Por su parte, el PRO emitió un comunicado explicando su apoyo al veto presidencial y señalando que el gobierno no solo no derogó la resolución de Zannini, sino que tampoco conformó la bicameral Revisora de Cuentas ni la AGN, lo que dificulta el avance de las auditorías. En contraste, los libertarios refutaron la postura de sus socios políticos, calificándola de “falacia” y argumentando que “existen problemas de transparencia en algunas universidades”. El ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, en tanto, advirtió sobre las complicaciones de auditar las universidades, subrayando que los informes de la AGN pueden demorar hasta un año.
