El plenario de más de 70 delegaciones regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina se reunió este miércoles para respaldar de manera unánime “la estrategia y acción de la conducción nacional”. En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo, se abordaron temas cruciales como el rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la llamada ley ómnibus del Gobierno, así como el respaldo al paro y la movilización convocados para el 24 de enero.
La CGT, liderada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, informó la participación de 250 dirigentes de más de 70 delegaciones regionales de todo el país. Durante la reunión, los sindicalistas del interior explicaron la delicada situación de sus jurisdicciones, resaltando la pérdida de poder adquisitivo y fuentes de trabajo. Manifestaron su “absoluta preocupación” por las medidas gubernamentales, especialmente el DNU y la ley ómnibus, que consideran atentan contra la soberanía nacional, los derechos laborales y la libertad de expresión y protesta.
El plenario determinó la realización de “expresiones de protesta en cada regional” en línea con la fecha propuesta por la CGT para el paro y la marcha del 24 de enero. Además, se confirmó que las regionales mantendrán reuniones con legisladores provinciales para buscar su respaldo. Héctor Daer, cotitular de la CGT, destacó la importancia de mantener la unidad para defender a los trabajadores y ratificó la postura del sindicato respecto al DNU, afirmando que “todas las acciones gremiales, judiciales y políticas de la CGT tienen el único objetivo de frenarlo”.
En declaraciones a Radio 10, Pablo Moyano instó a movilizarse en cada provincia el 24 de enero para exigir a diputados y senadores que rechacen tanto el DNU como la ley ómnibus. Moyano resaltó la unidad actual de la CGT y llamó a marchar contra las medidas gubernamentales que, según él, buscan “desregular la economía”. Andrés Rodríguez, secretario nacional adjunto de la CGT, ratificó la huelga y movilización del 24 y expresó la falta de indicios de diálogo con el Gobierno antes de esa fecha, subrayando el objetivo de presionar al Parlamento para proteger los intereses del sector laboral.
