Una propuesta que circula desde hace años entre dirigentes bonaerenses volvió a tomar fuerza: separar al Conurbano de la provincia de Buenos Aires y transformarlo en 27 distritos federales, sin gobernador, libres de Ingresos Brutos y con custodia de Gendarmería y Prefectura en lugar de la Policía bonaerense. El autor de la iniciativa es Joaquín De la Torre, ex senador provincial y ex intendente de San Miguel, que lleva media década trabajando en los detalles técnicos y legales del proyecto.
La idea plantea que los 24 municipios históricos del Gran Buenos Aires, más Pilar, Escobar y General Rodríguez -y eventualmente Marcos Paz-, dejen de depender de La Plata y se conviertan en distritos autónomos, al estilo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada municipio pasaría a tener rango federal propio, sin necesidad de crear una nueva región centralizada que despierte resistencias en otras provincias.
Menos Estado, más eficiencia para 12 millones de vecinos
El plan requiere una ley de la Legislatura bonaerense y otra del Congreso Nacional, pero el diagnóstico de fondo es imposible de discutir: la actual estructura administrativa del Conurbano es una máquina de gastar recursos públicos sin resolver los problemas reales de la gente. Menos superposición de cajas políticas, menos Ingresos Brutos -uno de los impuestos más distorsivos y anti-producción que existen en Argentina- y más orden en la seguridad son, justamente, las banderas que el Gobierno nacional viene defendiendo desde diciembre de 2023.
Con esta reforma, la provincia de Buenos Aires quedaría con una población y una economía similar a las de Córdoba o Santa Fe, y de paso se resolvería el histórico y nunca saneado desequilibrio de la coparticipación bonaerense, motivo de eternos reclamos de los gobernadores del interior contra el peso desproporcionado del área metropolitana.
Gendarmería en lugar de la Bonaerense, un alivio para los vecinos
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el reemplazo de la Policía bonaerense por Gendarmería y Prefectura en los nuevos distritos. No es un detalle menor: hace años que millones de vecinos del Conurbano viven la inseguridad como un problema cotidiano, mientras la gestión de Axel Kicillof no logra ni siquiera ordenar mínimamente a una fuerza de seguridad manchada por causas de corrupción, gatillo fácil y connivencia con el delito organizado.
Que un municipio del GBA pueda pedir la custodia de una fuerza federal, mejor entrenada y con menos filtraciones territoriales del clientelismo político, aparece como una salida lógica frente a la sensación de abandono que dejó una década y media de administraciones peronistas en la provincia más poblada del país.
El contraste con la mala praxis del kirchnerismo bonaerense
Mientras a nivel nacional el plan de Javier Milei consolida el superávit fiscal, desacelera la inflación mes a mes y devuelve previsibilidad a la macroeconomía, la provincia de Buenos Aires sigue mostrando la cara más pesada del modelo intervencionista: presión tributaria altísima, intendentes del conurbano que administran sus distritos como feudos personales y un gobernador más preocupado por la interna con el kirchnerismo duro que por resolver los problemas estructurales del territorio que gobierna.
Iniciativas como la de Joaquín De la Torre ponen sobre la mesa una discusión necesaria: si el Estado bonaerense, tal como está diseñado hoy, es capaz de garantizarle a los vecinos del Conurbano servicios básicos, seguridad y previsibilidad tributaria. La respuesta, después de años de gestión peronista, parece ser que no. Separar, ordenar y bajar impuestos vuelve a aparecer como el camino más razonable para una región que necesita, urgente, dejar atrás el modelo que la mantuvo estancada.
