El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, solicitó este martes al Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) una autorización especial para que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pueda visitar a la ex mandataria en su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde cumple arresto domiciliario. El pedido fue presentado ante el juez Jorge Gorini, responsable de la ejecución de la pena, y surge en el marco de la inminente visita del mandatario brasileño a la Argentina, cuya comitiva arribará al país este miércoles.
La defensa de la ex vicepresidenta planteó esta excepción en el marco del régimen de visitas dispuesto por el TOF 2, que establece restricciones estrictas respecto a quiénes pueden ingresar al domicilio de Fernández de Kirchner. “Toda aquella persona que no integra ese listado, debe contar sin excepción con la autorización del Tribunal que ejecuta la pena”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. En el listado presentado por Beraldi la semana pasada figuran familiares, abogados, médicos, custodios, contadores y apoderados, pero no contempla visitas protocolares como la del jefe de Estado de Brasil.
El pedido de Beraldi está siendo evaluado por el TOF 2 y uno de los aspectos centrales del análisis es la coordinación entre la seguridad de Lula da Silva y los efectivos que actualmente custodian el perímetro de Cristina Kirchner en su arresto domiciliario. En el pasado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola advirtieron sobre los inconvenientes generados por la presencia constante de personas en los alrededores del domicilio de la ex presidenta, y sostuvieron que esta situación “evidenciaba afectaciones graves y sostenidas como resultado de la prisión domiciliaria”.
La defensa de Fernández de Kirchner, por su parte, continúa insistiendo en que las visitas no deberían requerir autorización judicial. En ese marco, Beraldi presentó un recurso ante la Sala IV de la Cámara de Casación Penal solicitando que se eliminen las restricciones actuales. La audiencia fue fijada para el lunes 7 de julio. También se discutirá en esa instancia la apelación a la colocación de una tobillera electrónica, medida que fue impuesta junto con la detención domiciliaria.
Mientras tanto, las reglas establecidas desde el pasado 17 de junio se mantienen vigentes, y cualquier visita no incluida en el listado debe ser previamente autorizada. A pesar de ello, varios legisladores del oficialismo han desafiado el reglamento al afirmar que no necesitan pedir permiso para ingresar al domicilio, lo que generó una advertencia directa del juez Gorini sobre el procedimiento legal obligatorio. En paralelo, los fiscales Luciani y Mola apelaron para que se revoque el beneficio del arresto domiciliario y se ordene que la ex presidenta cumpla su condena en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.
