Las organizaciones sociales de la Multisectorial contra el DNU y la Ley Ómnibus en La Matanza han declarado que este miércoles llevarán a cabo un corte en la ruta 3, a partir de las 8 a.m., como medida de protesta contra lo que consideran “la entrega de la soberanía” implícita en la sanción de ambas medidas por parte del Gobierno nacional, así como en rechazo al “ajuste brutal” que impacta, según ellos, de manera desmedida en las familias de los barrios populares.
La convocatoria, realizada por la Multisectorial, que incluye a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el sindicato de Canillitas, la Corriente Martín Fierro, y agrupaciones de jubilados y pensionados de La Matanza, está programada entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala, en la localidad matancera de Isidro Casanova.
En un comunicado, los organizadores explicaron que la jornada de protesta en la Ruta 3 contará con ollas populares y tiene como objetivo visibilizar el impacto del “ajuste brutal” del Gobierno en las familias de los barrios populares y en los trabajadores formales con salarios por debajo de la línea de pobreza, quienes viven esta situación con profunda angustia.
Además, las organizaciones denunciaron que ya se han suspendido horas extras en muchos lugares de trabajo, advirtiendo que “la plata no alcanza porque todo vale el doble que hace un mes”. En sus declaraciones, dirigieron críticas al presidente Javier Milei y a sus colaboradores por no abordar temas como “aumento salarial ni aumento de jubilaciones”, centrándose, según ellos, en recortes y quita de subsidios.
Con respecto al DNU y la Ley Ómnibus, las organizaciones sostienen que estas medidas buscan cristalizar la situación de “entrega incondicional de la soberanía y de nuestra patria”. Consideran que estas acciones gubernamentales conducen a la destrucción total de la industria nacional, las PyMES, el comercio y los salarios. Enfatizan su preocupación por lo que describen como un “plan siniestro” del Gobierno para reducir la inflación a expensas de demoler salarios y jubilaciones, con el objetivo de liquidar el consumo y, según las organizaciones, provocar una recesión en el país.
