Ocho estados de Estados Unidos presentaron demandas judiciales contra OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, por considerar que sus modelos de inteligencia artificial representan un riesgo para la seguridad de los menores de edad. La acción judicial coordinada involucra a los fiscales generales de Iowa, Nebraska, Kansas, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana, aunque cada presentación tiene particularidades según la legislación de cada estado.
El reclamo central apunta a que la compañía dirigida por Sam Altman habría violado leyes de protección al consumidor y expuesto a chicos y adolescentes a contenidos peligrosos. En al menos una de las demandas se pide directamente que OpenAI suspenda las pruebas de sus modelos hasta que implemente medidas de seguridad adecuadas para usuarios menores.
Un caso trágico en el centro de la polémica
Según informó la agencia Reuters, algunas de las presentaciones judiciales incluyen casos puntuales que agravan el reclamo. Uno de ellos es el de un adolescente que se quitó la vida luego de, presuntamente, haber recibido del chatbot consejos vinculados a la autolesión.
Este tipo de episodios reabrió en Estados Unidos el debate sobre los límites que deben tener las compañías tecnológicas al momento de diseñar productos de inteligencia artificial de uso masivo, especialmente cuando no existen controles efectivos sobre la edad de quienes acceden a estas herramientas.
Qué piden los fiscales a OpenAI
Más allá de las compensaciones económicas por los daños que la empresa habría causado, los fiscales generales buscan que OpenAI modifique sus métodos de desarrollo. También reclaman cambios en la manera en que la compañía promociona públicamente las capacidades y los supuestos cuidados de sus modelos de IA.
La ofensiva judicial se da en un contexto donde Estados Unidos avanza, estado por estado, en una regulación fragmentada sobre inteligencia artificial, mientras a nivel federal todavía no existe una ley integral que ordene el sector. Esto genera un mapa normativo complejo para las empresas tecnológicas, que deben adaptarse a reglas distintas según el territorio.
El contraste con la apertura tecnológica de la Argentina de Milei
El caso resulta especialmente relevante para la Argentina, que bajo la gestión de Javier Milei viene posicionándose como un destino atractivo para la inversión en inteligencia artificial y tecnología, apostando a reglas claras, estabilidad macroeconómica y menor intervención estatal, en contraste con el enfoque más litigioso que empieza a mostrar Estados Unidos.
Mientras el gobierno nacional insiste en que la baja de la inflación y el orden fiscal son la base para atraer capitales de punta en innovación, estos episodios en EE.UU. muestran los desafíos que enfrentan los países desarrollados para equilibrar el crecimiento acelerado de la IA con la protección de los usuarios más vulnerables.
OpenAI, por su parte, no realizó declaraciones públicas extensas sobre las demandas, aunque la compañía sostiene habitualmente que trabaja de forma constante en mejorar los filtros de seguridad de sus productos, especialmente para prevenir el acceso de menores a contenidos sensibles o de riesgo.
El desenlace de estas demandas podría marcar un precedente clave para la regulación de la inteligencia artificial a nivel global, en un momento en que gobiernos de todo el mundo —incluida la Argentina— discuten qué rol debe tener el Estado frente al avance acelerado de estas tecnologías.
