El Gobierno nacional anunció esta semana un cambio en el esquema de distribución de subsidios al transporte público automotor para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y líneas interprovinciales. La medida, implementada a través de la resolución 45/2024 de la Secretaría de Transporte, apunta a un sistema más equitativo que se base en la demanda real del servicio, en lugar de subsidiar a las empresas según los kilómetros recorridos. Esta modificación responde a una recomendación de la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2017, que sugirió ajustar los subsidios a la utilización efectiva del servicio, aprovechando la información generada por el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
La resolución no alterará el precio que los usuarios pagan en las tarifas, ya que el cambio afecta únicamente la rentabilidad de las empresas de transporte. Hasta ahora, las empresas recibían cupos de gasoil en función de los kilómetros recorridos, lo que incentivaba la circulación de colectivos vacíos. En la práctica, esto generó una competencia desigual, beneficiando a grandes grupos, como DOTA, que incrementaron su participación en el cupo de gasoil y, según denuncias, lograron ganancias adicionales por USD 26,8 millones en los últimos tres años. “La nueva medida perjudica a las líneas malas o de pocos pasajeros. Es algo esperado y aceptado por todas las cámaras y también viene a corregir la maniobra que estaba haciendo DOTA con el cupo de gasoil”, expresó una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva.
La medida surge en un contexto de fuertes tensiones financieras en el sector, exacerbadas por años de congelamiento tarifario y un ajuste insuficiente en el precio del pasaje para cubrir los costos operativos. En la actualidad, la tarifa mínima para viajar en el AMBA es de $317,13, mientras que el valor técnico reconocido por el Estado para cubrir los costos reales es de $880. Este desajuste genera una carga para el Tesoro nacional, que compensa a las empresas de colectivos con alrededor de $228.469,95 millones mensuales. Sin embargo, para la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real, sin incluir el IVA, asciende a $1.197,08 por pasajero, lo que marca una diferencia de $49.735,71 millones mensuales entre el valor subsidiado y el costo que las empresas aseguran asumir.
En los últimos meses, la crisis ha afectado a los usuarios del transporte público, quienes enfrentan demoras y frecuencias reducidas en varias líneas. Las estadísticas recientes señalan una disminución de hasta el 15% en la cantidad de pasajeros durante los fines de semana y feriados y una reducción en la cantidad de kilómetros recorridos por los colectivos en el AMBA. Aunque el sistema de boleto integrado, que permite combinaciones entre colectivos, trenes y subtes con descuentos, sigue siendo sostenido por el Estado, la provincia de Buenos Aires retiró su aporte en septiembre, generando un ahorro mensual de entre $6.000 y $6.500 millones para su administración. Este reajuste general de subsidios pretende ofrecer un servicio más eficiente y sustentable, aunque las empresas advierten que sin un incremento en las tarifas o una mayor inyección de fondos, el transporte público seguirá operando bajo condiciones críticas.
