El Gobierno argentino ha establecido nuevas regulaciones sobre el uso de aviones públicos mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. De acuerdo con la normativa, los aviones pertenecientes al Estado no podrán ser utilizados para actividades aéreas que no estén directamente relacionadas con su función esencial al servicio del poder público. Esta medida busca restringir el uso de aeronaves estatales a fines oficiales, prohibiendo su empleo en actividades que podrían ser consideradas privadas.
En términos prácticos, la nueva disposición, que se había anticipado en días anteriores y que ahora se formaliza, prohíbe la utilización de aeronaves públicas en actividades aéreas que podrían ser clasificadas como propias de aeronaves privadas. Sin embargo, el decreto establece una excepción en su artículo 2, permitiendo que los aviones privados del Estado Nacional, provincias, Ciudad de Buenos Aires, municipios y entidades estatales puedan participar en actividades aerocomerciales y trabajo aéreo, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica.
A pesar de esta posibilidad, el decreto subraya que los servicios de navegación aérea deberán priorizar las operaciones de las aeronaves públicas sobre las privadas. Además, se aclara que las aeronaves públicas podrán participar en contratos interjurisdiccionales siempre y cuando todas las partes involucradas pertenezcan al Sector Público. Esta regulación surge en medio de una controversia que involucró a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien, según declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, utilizó aviones públicos para 194 vuelos particulares durante su gestión, con un costo estimado de 5 millones de dólares para el Estado.
El vocero presidencial también anunció que la reglamentación incluye una revisión de los registros de vuelo para identificar posibles desviaciones del uso autorizado de los aviones públicos. El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, instruye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a emitir una normativa específica en los próximos 120 días, que regule el uso de aeronaves públicas y privadas de propiedad estatal. Esta medida tiene como objetivo garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos aeronáuticos del Estado.
