El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló este lunes en una entrevista con radio Mitre los cambios introducidos por la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases. Entre los aspectos más destacados, explicó el nuevo examen de ingreso al sector público y el régimen de disponibilidad para empleados de organismos que cierren, en un esfuerzo por profesionalizar el empleo estatal y eliminar prácticas obsoletas.
Sturzenegger enfatizó que uno de los principales objetivos de la Ley de Empleo Público es acabar con la imagen de un Estado “colonizado por militantes políticos” y promover un ingreso más profesional al sector público. El nuevo examen de ingreso será administrado y corregido por un sistema automatizado, que determinará si el candidato alcanza un porcentaje mínimo requerido para continuar con las competencias necesarias para su ingreso. “El objetivo es que el ingreso al sector público sea más profesional”, aseguró el ministro.
En cuanto a las adscripciones, Sturzenegger anunció su eliminación. Estas adscripciones permitían que personas de otras reparticiones fuera del Poder Ejecutivo pidieran personal, cuyo costo seguía a cargo de la Nación. Con esta eliminación, se busca evitar la transferencia de personal innecesario y reducir los costos asociados. “Queremos dejar atrás prácticas que no benefician al Estado ni a los ciudadanos”, subrayó.
El régimen de disponibilidad, que entra en vigor con la reglamentación reciente, establece que el personal de reparticiones que cierren pasará a este régimen y recibirá un sueldo durante 12 meses. Como ejemplo, Sturzenegger mencionó el caso de los empleados del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI). “Tenemos un año para implementar estas medidas. El INADI será el primer organismo en cerrar definitivamente bajo este nuevo régimen”, adelantó.
Sobre la Ley de Procedimientos Administrativos, Sturzenegger la definió como una medida “antiñoquis” diseñada para evitar que los funcionarios usen su poder para extorsionar o aceptar sobornos. Esta norma busca transparentar y eficientizar los procedimientos administrativos, reduciendo la corrupción en la administración pública. “La nueva ley evitará el poder de los funcionarios para extorsionar y coimear”, afirmó.
En relación al impacto fiscal de estas medidas, el ministro explicó que la implementación será gradual y que, gracias a la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, no habrá un impacto negativo en las finanzas del Estado. “Gracias a la solvencia intertemporal del sector público, no tendremos impacto fiscal”, detalló Sturzenegger. Asimismo, elogió el apoyo del Gobierno y del ministro de Economía en la agenda de regulación que se está llevando a cabo. “Intento proteger ese logro del Gobierno a ultranza y del ministro, el apoyo a la agenda de regulación que estamos haciendo”, concluyó.
Las nuevas regulaciones representan un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para modernizar el empleo público en Argentina, con miras a una mayor transparencia, profesionalización y eficiencia en la administración estatal.
