Colorado, Estados Unidos, comenzó a aplicar este miércoles un paquete de nuevas leyes que modifica las reglas para las redes sociales, los servicios de transporte como Uber y Lyft, y el acceso a viviendas asequibles. Se trata de decenas de normas aprobadas por la Legislatura estatal que buscan responder a demandas de seguridad y de vivienda que venían reclamando los vecinos.
Redes sociales, bajo la lupa tras un tiroteo escolar
La primera medida surge como consecuencia directa del tiroteo ocurrido en 2025 en la escuela Evergreen High School. La ley conocida como Senate Bill 26-011 obliga a las plataformas con más de un millón de usuarios mensuales a crear canales más rápidos de contacto con las autoridades ante órdenes de registro judicial.
Las empresas deberán responder en un plazo máximo de 72 horas y ofrecer informes periódicos sobre el estado de cada solicitud. El objetivo declarado es agilizar investigaciones vinculadas a episodios de violencia, algo que en muchos países —incluida la Argentina— sigue siendo un debate pendiente frente al poder de las grandes tecnológicas.
Más controles para Uber y Lyft
Otra de las normas centrales es el House Bill 26-1424, que impone nuevas exigencias de seguridad a las aplicaciones de transporte. A partir de ahora, estas compañías están obligadas a revisar a los conductores que hayan recibido denuncias, ya sea de pasajeros o de la Comisión de Servicios Públicos de Colorado.
La ley también endurece las verificaciones de antecedentes, aunque algunos de sus puntos entrarán en vigencia de manera escalonada en los próximos meses. La medida se enmarca en un reclamo creciente de los usuarios por mayor transparencia en un negocio que crece a pasos acelerados en todo el continente.
Un guiño a la vivienda asequible
El tercer eje de esta batería normativa apunta a facilitar el acceso a la vivienda. El Senate Bill 26-001, el primer proyecto presentado este año en el Senado estatal, autoriza a gobiernos municipales y de condado a vender edificios y terrenos públicos —con la excepción de los parques— cuando el destino sea la construcción de viviendas asequibles.
La norma, aprobada con apoyo bipartidista, también permite que los condados utilicen ciertos ingresos fiscales locales para financiar programas de vivienda destinados a trabajadores. Se trata de una salida pragmática frente a la escasez de oferta habitacional, un problema que también atraviesan grandes centros urbanos de América Latina, incluido el conurbano bonaerense.
En conjunto, estas leyes reflejan una tendencia que se repite en distintos puntos del mundo: la necesidad de actualizar marcos regulatorios frente a la expansión de las redes sociales, las plataformas digitales de transporte y la crisis habitacional que golpea a las clases medias y trabajadoras.
