El gobierno de Javier Milei anunció que eliminará la jubilación y pensión de privilegio que recibe Cristina Kirchner, decisión que se extenderá a una revisión de entre 13 y 15 casos similares de ex presidentes y vice. Si bien no se dieron nombres específicos, aseguraron que el beneficio de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, no será modificado. “Vamos a revisar todos los casos”, declaró un funcionario nacional, pero aclaró que “lo de Menem no es una situación similar porque su esposa es la beneficiaria”.
El caso de Menem resulta emblemático. En 2018, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena por corrupción, lo que, en palabras de la fuente consultada, “lo habría puesto en la misma situación que Cristina Kirchner” si estuviera vivo. Sin embargo, se defendió la continuidad del beneficio para Zulema Yoma bajo el argumento de que “la indignidad afecta al titular del beneficio, no al derechohabiente”. Este criterio también se aplica a otras pensiones, como las de militares condenados por delitos de lesa humanidad, cuyos familiares pueden seguir cobrando.
En cuanto a Cristina Kirchner, desde el Ejecutivo destacaron que la condena en la causa Vialidad cumple con los requisitos legales para justificar la medida. “Con Cristina estamos frente a una sentencia definitiva porque agota la revisión judicial ordinaria”, explicaron, además de señalar que cualquier recurso ante la Corte Suprema sería extraordinario. “La sentencia de Casación generó la resolución que dictamos”, añadieron, anticipando que ya cuentan con la defensa jurídica en caso de que la ex mandataria interponga un amparo judicial.
Milei fundamentó su decisión en un principio de ejemplaridad, al considerar que las asignaciones vitalicias no son un derecho contributivo sino “una gracia que otorga el Congreso”. Según indicaron desde Casa Rosada, “el honor de ser Presidente genera una carga, no un privilegio”. Esta postura también llevó al propio Milei a renunciar a su derecho a una pensión presidencial.
Mientras tanto, el gobierno se prepara para avanzar en más casos. En las próximas horas, se espera una resolución que afecte a Amado Boudou, ex vicepresidente condenado por corrupción. “Es probable que la medida tendría que haberse tomado desde los primeros días de gestión”, reconocieron desde el entorno presidencial. La iniciativa, que busca marcar un cambio en la administración pública, enfrenta tanto desafíos legales como tensiones políticas, en un contexto donde las decisiones sobre privilegios despiertan debates sobre justicia e igualdad.
