El gobierno de Javier Milei desmintió este lunes los rumores de que el veto a la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso sería parcial, asegurando que el rechazo será completo. Manuel Adorni, vocero presidencial, fue contundente al declarar en una conferencia de prensa: “El presidente lo dijo: el veto va a ser total. No hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. La decisión del Presidente está tomada”. Esta declaración busca despejar las especulaciones sobre posibles negociaciones que podrían suavizar la decisión del Ejecutivo.
En relación a los plazos para la implementación del veto, Adorni precisó que el Gobierno cuenta con 10 días hábiles para formalizar la decisión. “No sé si va a estar esta semana o no, veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático la decisión del Presidente”, aclaró el portavoz, dejando abierta la posibilidad de que la acción se concrete en los próximos días. La urgencia del veto, según Adorni, responde a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. “El trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos”, señaló, enfatizando que la medida no tiene otro objetivo que preservar la estabilidad económica del país.
Javier Milei ya había anticipado su decisión el viernes pasado durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde arremetió contra los senadores que apoyaron la ley, calificándolos de “degenerados fiscales”. “Hace dos meses dije que si los degenerados fiscales que están en el Congreso quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar. Y ayer (por el jueves) los degenerados fiscales votaron un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda”, expresó el Presidente. Milei afirmó que la medida, que estima un costo de 370 mil millones de dólares, perjudicará a las futuras generaciones.
En las últimas horas, había circulado la versión de que el Gobierno podría optar por un veto parcial para evitar un conflicto político mayor. Sin embargo, esta opción fue descartada categóricamente por el Ejecutivo. Aunque se mantiene la posibilidad de que el Congreso ratifique la ley con una mayoría de dos tercios, lo que podría derivar en una crisis política y una eventual denuncia penal contra el Presidente, Milei se mantiene firme en su postura de no permitir que la ley entre en vigencia. La legislación en cuestión propone una actualización mensual de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una recomposición adicional del 8,1% para compensar la inflación acumulada en enero.
Esta decisión de veto total pone de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, con un trasfondo de preocupación por la estabilidad fiscal y el futuro económico del país, mientras que la oposición podría recurrir a medidas judiciales en caso de que la ley no se implemente.
