El presidente Javier Milei firmó este jueves el decreto 1107, que autoriza a las Fuerzas Armadas a encargarse de la custodia de ciertos “objetivos estratégicos”, como centrales nucleares, hidroeléctricas y radares nacionales, en lugar de las fuerzas policiales. Con esta medida, el Gobierno busca liberar más recursos de las fuerzas de seguridad para aumentar la presencia de gendarmes en las calles. El decreto, que fue suscrito por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene como objetivo asignar responsabilidades de seguridad a las Fuerzas Armadas, en áreas de alta relevancia estratégica.
El concepto de “objetivos estratégicos” abarca una variedad de infraestructuras clave, entre ellas las centrales nucleares Atucha I y II, la hidroeléctrica de Alicurá, y la binacional Yacyretá, entre otras. Estos sitios, que ya cuentan con custodia de Gendarmería, Prefectura y en algunos casos seguridad privada, pasan ahora bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas. El decreto recuerda que esta modalidad de protección ya estaba contemplada en la Ley de Defensa de 1988, pero se restituye en el marco de las nuevas políticas de seguridad. “Actuará el Ministerio de Defensa en la oportunidad en la que deba proporcionar protección, en tiempo de paz, a los Objetivos de Valor Estratégico”, señala el artículo 4° del decreto.
En caso de conflicto armado, el decreto también establece que los objetivos estratégicos estarán bajo el control operativo de las Fuerzas Armadas, ya sea de manera individual o en colaboración con las fuerzas de seguridad federales. En situaciones de conmoción interna, los objetivos estarán bajo el mando de las Fuerzas Armadas, conforme lo estipulan los artículos de la Ley de Seguridad Interior. Esta medida, además de fortalecer la presencia militar en la protección de infraestructuras clave, forma parte de un cambio de doctrina en materia de seguridad que comenzó con el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, con la firma del decreto 683, se modificó la Ley de Defensa, abriendo el camino para que las Fuerzas Armadas pudieran involucrarse más activamente en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, considerados hoy amenazas relevantes para la seguridad nacional.
El Gobierno de Milei, al igual que sus predecesores, considera que el narcotráfico y otras formas de crimen organizado son amenazas que deben ser enfrentadas por las fuerzas armadas, distanciándose de la visión anterior que limitaba su actuación a amenazas exclusivamente externas. La nueva normativa, que amplía las funciones de los militares en tareas de seguridad interna, podría generar controversia en relación al equilibrio de poder entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública.
