El Senado de Mendoza aprobó este miércoles el proyecto de ley que autoriza la privatización de la empresa IMPSA, en lo que representa la primera operación de este tipo bajo el mandato de Javier Milei. Con 19 votos a favor y 16 en contra, se dio luz verde a la transferencia de las 454.300.000 acciones Clase C que estaban en manos del Estado provincial, lo que representa el 21,4% del paquete accionario de la empresa. Esta aprobación permitirá avanzar con el proceso licitatorio para que inversores nacionales e internacionales puedan adquirir la metalmecánica, especializada en la fabricación de turbinas, equipamiento para parques eólicos y el desarrollo de centrales atómicas. Entre los posibles interesados se destacan grupos de Estados Unidos, España y Chile.
IMPSA, que actualmente emplea a 720 trabajadores, estuvo al borde del colapso financiero en 2020 debido a contratos fallidos con Brasil, Venezuela y Santa Cruz, lo que puso en peligro su continuidad operativa. Según la senadora Ángela Floridia, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, “enfrentó serios problemas financieros, lo que puso en riesgo tanto la estabilidad laboral como la continuidad operativa de IMPSA”. Para salvar la empresa, el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno provincial intervinieron con un plan de recomposición que incluyó la reestructuración de la deuda, la emisión de nuevas acciones y la posterior venta de las acciones Clase A y B.
Sin embargo, la intervención del Estado fue concebida como una solución temporal. Floridia explicó que el objetivo fue “garantizar la preservación de los puestos de trabajo y la relación de la empresa con más de 100 pymes locales”. Ahora, con la empresa estabilizada, el gobierno mendocino busca vender su participación a través de “un proceso competitivo y transparente”, con el fin de asegurar que el comprador cuente con un plan sólido que garantice la continuidad laboral y el desarrollo de la compañía en la provincia.
Por su parte, la oposición, encabezada por la Unión Mendocina y el Partido Justicialista, votó en contra de la privatización argumentando la falta de garantías para los trabajadores. El senador Félix González del PJ expresó su preocupación: “Nos preocupa el futuro de los 720 trabajadores, no hay un programa específico para mantenerlos en sus puestos de trabajo”. Además, señaló que no queda claro si el futuro comprador continuará operando con las pymes locales vinculadas a IMPSA. La disidencia también se manifestó respecto a la devolución de los 5 millones de dólares que la provincia destinó para la compra de las acciones.
En el proceso de venta, la compañía estadounidense ARC Energy ya presentó una oferta formal para una capitalización inicial de 30 millones de dólares, y otros tres interesados, de Brasil, Alemania y Argentina, han mostrado interés en adquirir la empresa. El concurso público internacional se abrió este lunes y estará vigente por un mes, antes de que se defina quién será el nuevo propietario de IMPSA. Según el senador oficialista Martín Kerchner, “un Estado inteligente entra cuando se necesita y sale cuando es conveniente. Creemos que es conveniente que sea el privado el que siga desarrollando esa empresa tan importante para los mendocinos”.
