Un amplio operativo de seguridad desplegado en 12 estados de México terminó con 22 personas detenidas y el secuestro de 35 armas de fuego, entre ellas 25 largas y 10 cortas, según el reporte oficial del Gabinete de Seguridad correspondiente al fin de semana del 9 al 11 de octubre. Las acciones combinadas incluyeron cateos, detenciones y aseguramientos de drogas, explosivos y equipo táctico en entidades como Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, entre otras.
Un arsenal que incluye drones y minas terrestres
El operativo arrojó un decomiso que va mucho más allá de las armas convencionales. Las fuerzas de seguridad incautaron 788 cartuchos, 119 cargadores, 64 artefactos explosivos improvisados y seis minas terrestres, un dato que confirma el nivel de sofisticación bélica que manejan algunas estructuras criminales en el país.
También se secuestraron 25 chalecos tácticos, 44 placas balísticas y 16 uniformes, además de 48 drones con sus baterías correspondientes y rollos de cable de fibra óptica, tecnología que el crimen organizado utiliza cada vez más para vigilancia y logística.
Más de una tonelada de cocaína y un narcolaboratorio desmantelado
En paralelo, los operativos permitieron el secuestro de una tonelada con 291 kilogramos de cocaína y 175 dosis de la droga. El golpe más duro ocurrió en Culiacán, Sinaloa, donde se desarticuló un narcolaboratorio con 96.606 kilogramos de ácido tartárico, miles de litros de bencilo, cloruro, etanol y sosa cáustica, insumos clave para la producción de drogas sintéticas.
Las fuerzas también destruyeron cinco plantíos de marihuana con 116 mil plantas y secuestraron metanfetamina, cristal y vehículos, entre ellos un auto blindado con reporte de robo en Estados Unidos. En total, cayeron 38 vehículos, un tractor, dos remolques y ocho motocicletas vinculadas a estructuras del narcotráfico.
Un contraste con la inacción del conurbano bonaerense
El operativo mexicano, con su despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales, deja una lectura inevitable para quienes siguen de cerca la crisis de seguridad en el Gran Buenos Aires. Mientras México apuesta a una estrategia integral contra el crimen organizado, intendentes y funcionarios del conurbano bonaerense bajo la órbita de Axel Kicillof siguen sin dar respuestas concretas a los vecinos que denuncian inseguridad a diario.
La comparación no es antojadiza: en distritos como La Matanza, Quilmes o Lomas de Zamora, la sensación de abandono policial convive con denuncias de connivencia política y falta de inversión real en prevención del delito. El clientelismo y la gestión ineficiente del PJ bonaerense siguen siendo, para muchos vecinos, la verdadera asignatura pendiente de la provincia.
En contraste, el Gobierno nacional de Javier Milei viene mostrando que el orden también se construye desde la macroeconomía: con inflación a la baja, superávit fiscal sostenido y un clima de previsibilidad que empieza a sentirse en los bolsillos de los argentinos, la Casa Rosada apuesta a que la estabilidad económica sea la base para, de a poco, también recuperar terreno en materia de seguridad federal, un terreno donde los gobiernos provinciales del conurbano siguen debiendo explicaciones.
Mientras tanto, operativos como el realizado en México sirven de espejo: muestran que cuando existe voluntad política y coordinación entre fuerzas, los resultados contra el crimen organizado son posibles. La pregunta que queda flotando en el Gran Buenos Aires es por qué, con los recursos que maneja la Provincia, no se ven resultados similares contra las bandas que operan en el conurbano.
