En un extenso operativo liderado por la Policía Federal, la Justicia allanó 14 domicilios vinculados a diversas agrupaciones piqueteras en una investigación por extorsión y amenazas contra beneficiarios de planes sociales. La orden fue emitida por el juez Ariel Lijo, quien está siendo promovido por el Gobierno para ocupar un puesto en la Corte Suprema. Entre las agrupaciones investigadas se encuentran el Movimiento Evita y Barrios de Pie, ambas relacionadas con la administración kirchnerista anterior. Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y gestionaba los fondos de los planes, mientras que Gustavo Menéndez, de Barrios de Pie, también tuvo un rol en Desarrollo Social y actualmente trabaja en la administración de Axel Kicillof en la Provincia.
Los allanamientos también abarcaron otros grupos como el Movimiento Territorial de Liberación, la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores y la Agrupación Confluencia Popular, entre otros. La causa de Lijo se desarrolla en paralelo a otra investigación llevada a cabo por el juez federal Sebastián Casanello, quien también indaga en posibles extorsiones a beneficiarios de planes sociales, centrando su atención en el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, quien declaró el pasado martes. “La Justicia está actuando para proteger a los más vulnerables de estos abusos”, declaró una fuente judicial.
Los operativos se realizaron en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, incluyendo la sede administrativa del Movimiento Evita y las cooperativas La Esperanza y Evita Pueblo en Maquinista Salvio, en el norte del conurbano. De estos lugares, las autoridades confiscaron setenta y ocho carpetas y biblioratos que contenían fichas, planillas, facturas y recibos. En otros domicilios, se incautaron planillas de asistencia y presentismo. Fuentes judiciales señalaron que estas pruebas serán cruciales para avanzar en la investigación y esclarecer los métodos de coerción utilizados por las agrupaciones.
La investigación se originó a partir de denuncias realizadas a la línea telefónica 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad para que los beneficiarios de planes sociales reportaran presiones para asistir a marchas. Numerosos denunciantes afirmaron que eran obligados a participar y que enfrentaban sanciones si se negaban, incluyendo multas y la exigencia de justificaciones por inasistencia. “Estas prácticas de coerción no pueden ser toleradas en un estado de derecho”, comentó un representante del Ministerio de Seguridad.
El caso de Lijo incluye denuncias sobre al menos nueve manifestaciones organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas más destacadas ocurrió el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo a un decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. En esa marcha participaron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT de la CTA Autónoma, la organización Libres del Sur y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otros. El expediente también detalla la movilización del 24 de enero, durante el primer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una manifestación masiva con una respuesta variada en diferentes sectores. “La presencia y presión de estos grupos en las protestas subraya la necesidad de investigar a fondo estos actos de extorsión”, concluyó una fuente cercana al caso.
