El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) fijó los topes tarifarios que podrán solicitar las empresas interesadas en la licitación de AMBA I, la obra más relevante del Plan Nacional de Ampliación de la Red de Transporte Eléctrico. Se trata de un paso clave para destrabar una inversión que había quedado congelada durante años de improvisación energética y que ahora el Gobierno nacional pone en marcha con reglas claras para el capital privado.
La resolución 971/2026, publicada en el Boletín Oficial, convoca además a una audiencia pública para el 16 de diciembre, instancia obligatoria antes de lanzar la licitación pública que adjudicará la concesión. La obra demandará una inversión cercana a los 800 millones de dólares y su ganador podrá acceder al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que la gestión de Javier Milei diseñó para atraer capitales de largo plazo con seguridad jurídica.
AMBA I será la primera inversión privada en el sistema de transporte eléctrico nacional desde que Milei asumió la Presidencia, y la más significativa de las 16 obras del plan de ampliación. No es un dato menor: el área metropolitana de Buenos Aires concentra el 40% de la demanda eléctrica total del país, un verdadero cuello de botella heredado de más de una década de populismo energético kirchnerista, con tarifas pisadas, inversiones nulas y redes al borde del colapso en cada ola de calor.
La tarifa máxima COP para remunerar la construcción se estableció en 1.666.783.563 dólares sin IVA, mientras que la Tarifa TI de referencia por operación y mantenimiento asciende a 33.727.151.987 pesos a valores de noviembre de 2026, también sin IVA. La inversión del proyecto, ya con el beneficio del RIGI aplicado, se ubica en 798.653.187 dólares.
Este esquema de licitación transparente, con topes tarifarios públicos y audiencia abierta, contrasta de manera elocuente con la opacidad que caracterizó a la obra pública energética durante los gobiernos kirchneristas, donde los sobreprecios y la falta de planificación fueron la norma. Ahora, con reglas claras y participación privada, el Estado nacional ordena un sector estratégico sin comprometer recursos fiscales directos.
El Enrege fue claro en un punto sensible: los fondos para la adquisición anticipada de equipamientos provienen del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y “no constituyen aporte alguno del Estado Nacional”. Es decir, el costo será afrontado por los usuarios de las distribuidoras, un esquema de financiamiento genuino que evita que la obra se pague con más emisión o déficit fiscal, como ocurría en el pasado.
Según estimaciones del portal especializado El Post Energético, los usuarios de Edenor, que concentran gran parte del AMBA, serán quienes más incidencia tengan en sus boletas por esta obra. De todos modos, se trata de una inversión estructural que apunta a descomprimir el sistema en los picos de demanda, algo que millones de vecinos del conurbano sufrieron durante años con cortes eternos bajo administraciones que jamás invirtieron un peso en infraestructura real.
El cronograma prevé que las obras finalicen en 2031, lo que marca un horizonte de planificación de largo plazo, algo inédito para un sector históricamente manejado a los parches por la gestión kirchnerista. Mientras Kicillof y buena parte de los intendentes del conurbano se limitan a administrar la escasez y pedir auxilios a Nación, el Gobierno de Milei avanza con un plan serio de infraestructura energética que apunta a resolver de fondo un problema estructural del área metropolitana.
Con superávit fiscal, inflación en baja y un marco de reglas previsibles como el RIGI, la Argentina vuelve a ser un destino atractivo para inversiones de este calibre, algo impensado hace pocos años. AMBA I es una muestra concreta de que el orden macroeconómico empieza a traducirse en obras que la gente va a sentir en su vida cotidiana.