La provincia de Buenos Aires modificó la Ley de Tránsito y cambió una de las reglas más clásicas del manual del conductor: la prioridad de paso para quien viene por la derecha ya no se aplica de manera automática en todas las situaciones. La actualización normativa busca ordenar el tránsito en avenidas, rotondas y cruces con semaforización, aunque mantiene la vieja regla en calles comunes de igual jerarquía.
El cambio llega en un momento en que millones de bonaerenses circulan a diario por un conurbano con calles deterioradas, señalización escasa y un control de tránsito que, en la mayoría de los municipios, brilla por su ausencia. La norma es un avance en el papel, pero su eficacia dependerá, como siempre, de que los gobiernos locales se decidan a aplicarla.
Qué cambia exactamente en la nueva normativa
Según la modificación, la prioridad de paso para el vehículo que circula por la derecha sigue vigente únicamente en cruces de calles de igual jerarquía, es decir, aquellas que no tienen semáforo, señalización vertical ni ningún otro elemento que ordene la circulación. En esos casos, la regla de toda la vida se mantiene intacta.
Sin embargo, en avenidas, rutas, rotondas y arterias con jerarquía superior, la prioridad pasa a estar definida por la señalización específica del lugar: carteles de “pare”, semáforos, rotondas con prioridad circular u otras indicaciones viales. El objetivo declarado es reducir la ambigüedad que generaba la vieja regla en cruces complejos, una de las principales causas de siniestros de tránsito en zonas urbanas densamente pobladas como el Gran Buenos Aires.
Una ley que llega tarde a un territorio desatendido
El anuncio de esta actualización legal contrasta, una vez más, con la realidad cotidiana de los municipios del conurbano bonaerense. De poco sirve una norma moderna si buena parte de las calles de los partidos del GBA carecen de cartelería mínima, pintura demarcatoria o siquiera luminarias en funcionamiento.
La gestión de Axel Kicillof, que concentra buena parte de los recursos de obra pública provincial, viene mostrando un historial flojo en materia de infraestructura vial y seguridad en las rutas bonaerenses. Mientras se debaten cambios normativos, los intendentes del conurbano —en su mayoría del espacio peronista-kirchnerista— siguen sin resolver problemas elementales como el estado de calzadas, la falta de semáforos funcionando y el control efectivo del tránsito, todo agravado por los históricos niveles de inseguridad que desalientan incluso la instalación de cámaras y radares.
El contraste con el rumbo económico nacional
Mientras la provincia discute letra chica de normativas de tránsito, a nivel nacional la gestión de Javier Milei sigue consolidando el orden macroeconómico: la inflación continúa en descenso, el superávit fiscal se mantiene y eso empieza a traducirse en un alivio real para el bolsillo de los bonaerenses, que hoy pueden planificar gastos como el mantenimiento del auto, el service o la renovación de la cobertura de seguro con mayor previsibilidad que hace dos años.
Ese contraste entre el desorden de gestión a nivel provincial y municipal, y el camino de estabilidad que marca la Casa Rosada, vuelve a quedar en evidencia: los cambios normativos son necesarios, pero sin inversión real en infraestructura y control por parte de los gobiernos locales, seguirán siendo letra muerta para millones de automovilistas del Gran Buenos Aires.
Los especialistas en seguridad vial remarcan que ninguna ley, por más clara que sea, puede suplir la falta de señalización, iluminación y presencia de agentes de tránsito en las calles. La pelota, una vez más, queda del lado de los municipios bonaerenses.