Durante 2025, diversas provincias argentinas renovarán parcial o totalmente sus legislaturas locales, junto con las cámaras nacionales de Diputados y Senadores. En ese marco, un relevamiento realizado por Ruido —medio aliado de Reverso, proyecto coordinado entre Chequeado y AFP— para la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI) analizó cuánto perciben los legisladores provinciales en cada una de las 24 provincias del país. El informe muestra una amplia disparidad salarial, con diferencias significativas entre los distritos.
Según el estudio, los diputados de Santa Fe son los mejor pagos, con un salario neto que ronda los 8,5 millones de pesos mensuales, es decir, el monto que reciben en mano después de descuentos. Le siguen los legisladores de Neuquén, que perciben cerca de 6 millones, y los de la provincia de Buenos Aires, con alrededor de 5,6 millones. En el extremo opuesto, los diputados de Chaco tienen los ingresos más bajos, con apenas 1 millón de pesos netos mensuales, seguidos por La Rioja y Formosa. Para poner estos números en perspectiva, teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente a julio de 2025, que es de 317.800 pesos, un diputado santafesino cobra casi 27 salarios mínimos, mientras que uno chaqueño recibe poco más de 3. El promedio de los salarios provinciales es de 3,9 millones, equivalente a 12,4 salarios mínimos.
El informe se basa en el análisis de recibos de sueldo reales, tomados como casos testigos en cada provincia según el último mes disponible (abril/mayo 2025). Se eligió usar el salario neto como dato más confiable, ya que el “básico” o “dieta” en muchos casos es simbólico, mientras que la mayor parte del pago aparece bajo conceptos adicionales como “gastos de representación” o “adicional especial por función”. Por ejemplo, en Chaco la dieta pura es de apenas 1.735 pesos, mientras que los gastos de representación superan el millón. Sin embargo, esta estructura varía mucho entre provincias, lo que dificulta comparaciones directas. Juan Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, destacó “la falta de un estándar nacional que defina los componentes de las dietas y su monto”, y agregó que “cada realidad provincial y contexto económico son diferentes”.
Además, los salarios incluyen variables como antigüedad, título académico, zona desfavorable y otros ítems que dependen tanto de la provincia como de la situación particular de cada legislador. Por ejemplo, once provincias suman un adicional por antigüedad en la administración pública y siete incluyen un plus por título. Otros conceptos, como zona desfavorable o traslados, aparecen de forma más dispersa o informal en algunos casos. Ruido no pudo obtener datos completos para ciertos cargos en algunas provincias debido a la falta de transparencia. Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, remarcó que “el acceso a esta información es clave para transparentar la administración legislativa” y alertó que “la disparidad salarial refleja decisiones provinciales, pero siempre debe considerarse el contexto económico nacional y local”. El informe también señala que casi nueve de cada diez legislaturas provinciales no brindan datos claros sobre contrataciones y manejo de fondos, lo que limita el control ciudadano sobre este poder del Estado.
