En un avance significativo en la relación entre el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Ministerio Público Fiscal, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, han firmado un convenio que establece un único y detallado mecanismo para que el organismo de inteligencia aporte información relevante a las fiscalías federales en el marco de investigaciones penales. Según fuentes judiciales, este acuerdo reemplaza la propuesta anterior de la SIDE de crear una fiscalía especializada en temas de inteligencia, una idea que había sido anticipada por Clarín. Este nuevo marco busca regular y formalizar la colaboración entre estas dos entidades, una relación que históricamente ha estado marcada por la controversia.
Desde la restauración de la democracia en 1983, la relación entre la SIDE y la Justicia ha sido problemática. Como auxiliar de la Justicia, la SIDE ha proporcionado información en casos de gran relevancia, como el atentado a la AMIA en 1994. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, se amplió la función de la SIDE, que comenzó a participar en investigaciones de secuestros comunes, especialmente tras el asesinato de Axel Blumberg. Sin embargo, este vínculo se vio afectado por decisiones políticas significativas, como la reestructuración de la SIDE tras el Pacto con Irán en 2013, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner destituyó a varios altos funcionarios del organismo, entre ellos a Héctor Icazurriaga y Antonio Stiuso. La ex presidenta, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, rebautizó la SIDE como Agencia Federal de Inteligencia (AFI), prometiendo una mayor transparencia en su funcionamiento.
El convenio recién firmado regula, por primera vez, la relación entre los espías y los fiscales, alineándose con las prácticas de otros países. En este sentido, el acuerdo estipula que tanto los funcionarios de la SIDE como los del Ministerio Público Fiscal deben “documentar, de forma segura, la manera en que se envía la información a las fiscalías, permitiendo su trazabilidad”. Esto busca proporcionar transparencia y previsibilidad al vínculo institucional entre ambos organismos. Además, “obliga a documentar, mediante actas, qué dependencias intervienen en la transmisión de información, qué funcionarios participan y qué destino se le da a esa información”. De esta manera, se establece un proceso claro: la fiscalía que recibe información de la SIDE podrá decidir entre realizar una investigación preliminar, presentar una denuncia penal o archivar los datos recibidos.
Con este convenio, se busca cumplir con las obligaciones internacionales del Estado argentino, especialmente en lo que respecta a la transmisión de información de inteligencia, un aspecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso “Memoria Activa” relacionado con la causa AMIA. Así, el nuevo marco no solo representa un paso hacia la formalización de la colaboración entre la SIDE y la Justicia, sino que también busca garantizar la transparencia y la efectividad en el manejo de información sensible, evitando la dispersión arbitraria de datos entre los operadores judiciales.
