En medio de un clima político cada vez más tenso, la oposición intenta capitalizar una victoria legislativa en la Cámara de Diputados. Para eso, convocó a una nueva sesión especial prevista para el miércoles 5 de junio, con un temario centrado en proyectos que apuntan a beneficiar a jubilados, personas con discapacidad y damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el oficialismo se mantiene firme en su estrategia de resistencia y buscará impedir, una vez más, el avance en la conformación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda LIBRA, que involucra directamente al presidente Javier Milei.
El pedido de sesión fue impulsado principalmente por Unión por la Patria (UxP), que finalmente aceptó dejar fuera del temario dos de los puntos más conflictivos: la designación de nuevos auditores para la Auditoría General de la Nación (AGN) y la elección de autoridades para la comisión investigadora del caso LIBRA. Esta última quedó paralizada por un empate de 14 votos en la votación interna. “No hay modo de plantear nada”, aseguró la diputada del PRO, Silvana Giudici, en referencia a la imposibilidad del kirchnerismo de introducir el tema en el recinto, como reclama. Desde el oficialismo insisten en que la discusión debe resolverse dentro del ámbito de la comisión, tal como lo planteó el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Respecto a la AGN, la oposición optó por bajar del temario la designación de nuevos auditores luego del traspié sufrido en la sesión anterior, que fracasó por falta de quórum. La negociación por esos cargos quedó trabada luego de que La Libertad Avanza intentara imponer al apoderado Santiago Viola, desplazando al radical Mario Negri, quien contaba con el respaldo de la Coalición Cívica. Mientras tanto, sigue en tratamiento en comisión un proyecto de reforma a la AGN presentado por Menem, que plantea restarle un representante al Senado como forma de destrabar el conflicto.
Otro punto que genera rispideces entre los bloques es la declaración de la emergencia en discapacidad, una medida que el peronismo logró incluir en el temario, pero que no cuenta con consenso unánime. La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que su aprobación podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, con un impacto fiscal de entre $1.889 millones y $3.627 millones, es decir, entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Los libertarios anticiparon que no darán quórum y el Gobierno volverá a presionar a los gobernadores para evitar que avance la iniciativa.
El escenario del próximo miércoles se anticipa cargado de tensión tanto dentro como fuera del Congreso. A las movilizaciones previstas por jubilados y personas con discapacidad se sumará la marcha “Ni una Menos”, que este año fue convocada para el 4 de junio. En el oficialismo reconocen que será difícil frenar la sesión, pero se preparan para blindar políticamente un eventual veto presidencial si la oposición logra convertir en ley el paquete de medidas sociales.
