La Justicia ha iniciado una investigación para rastrear la trayectoria de al menos 17 millones de dólares en comisiones que habrían sido pagadas entre 2019 y 2024 por contratos favorecedores dirigidos a brokers cercanos al expresidente Alberto Fernández y otros integrantes del kirchnerismo. Según informes, parte de este dinero se desvió hacia cooperativas fraudulentas como “7 de Mayo” e “Irigoin”, las cuales utilizaron los fondos para adquirir propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica, costear viajes a Estados Unidos y comprar vehículos de lujo, además de realizar pagos por plateas en el club River Plate. La situación ha llevado a la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, a solicitar que se profundice en la investigación para identificar el alcance de los pagos de dinero en efectivo.
Esta investigación se enmarca en un esquema más amplio de corrupción, que incluye lo que se ha calificado como “cartelización” del negocio de intermediación de seguros estatales. Alberto Fernández, quien fue superintendente de Seguros durante la presidencia de Carlos Menem, tiene un historial relacionado con la problemática disolución del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), un asunto que fue denunciado por el economista Roberto Guzmán y el fallecido periodista Julio Nudler. Oliveto ha afirmado que “no me cabe duda que Alberto Fernández va a terminar procesado luego de su indagatoria”, refiriéndose a su implicación en la red de corrupción.
El fiscal Carlos Rívolo logró que la Cámara Federal dictara un embargo preventivo sobre las comisiones que la empresa estatal Nación Seguros aún debía pagar de la gestión de Fernández, como un primer paso para recuperar los fondos supuestamente sustraídos del Estado. Además de los brokers Martínez Rojas y Pablo Torres García, este entramado incluye a otros actores vinculados a la campaña presidencial de Fernández y Cristina Kirchner. La diputada Oliveto denunció que “los funcionarios de Alberto Fernández, por notita, le decían a Nación Seguros qué broker tenían que contratar”, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha llevado a los jueces y fiscales a solicitar más de 100 pruebas a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La evidencia recopilada sugiere una compleja red de relaciones económicas entre cooperativas, brokers y funcionarios de la administración de Fernández. El juez Ercolini ha indicado que “parte de los fondos obtenidos habrían sido inyectados en cooperativas y redundado en beneficio de algunos de los intervinientes en la maniobra”, lo que sugiere un funcionamiento sistemático de corrupción.
Las cooperativas en cuestión, tales como “7 de Mayo” e “Irigoin”, han sido acusadas de alterar sus estructuras para ocultar a los verdaderos propietarios y facilitar la facturación de enormes montos. Durante su investigación, se ha detectado que “7 de Mayo” reportó ingresos millonarios a través de operaciones que no beneficiaron a consumidores finales. La situación se complica aún más con el hallazgo de transferencias millonarias y la vinculación de estas entidades con otros actores del sector. La diputada Oliveto ha solicitado que la investigación contemple la posibilidad de asociación ilícita, lo que podría agravar las consecuencias legales para los implicados. Sin embargo, aún queda por ver si la Justicia se atreverá a catalogar estos actos como parte de una red organizada, lo que podría llevar a severas condenas. La resolución de este caso promete ser un punto clave en el panorama político y judicial argentino.
