Esta semana podría ser crucial para determinar el futuro de la investigación contra el ex presidente Alberto Fernández, quien enfrenta acusaciones de violencia de género en nueve hechos atribuidos. La decisión pendiente es si el caso continuará tramitándose en los tribunales de Comodoro Py o si será trasladado al juzgado federal de San Isidro. La abogada de Fernández presentó un escrito hace más de una semana solicitando el traslado, argumentando que los incidentes principales ocurrieron en la quinta de Olivos, bajo la jurisdicción de San Isidro. Sin embargo, la representante legal de Fabiola Yañez, quien actúa como querellante, se opuso, destacando que la violencia, maltrato, abuso, hostigamiento y acoso comenzaron en 2016 en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El caso está actualmente en manos del juez federal Julián Ercolini, a quien Fernández ya intentó recusar en otra causa por presunta corrupción relacionada con contratos de seguros para el Estado, alegando “temor a parcialidad”. Este intento fue rechazado, y ahora Fernández busca nuevamente apartar a Ercolini del caso de violencia de género. Según el fiscal Ramiro González, quien acusó formalmente al ex presidente, la relación de Yañez con Fernández estuvo marcada por un “contexto de violencia de género e intrafamiliar”, con hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas desde que comenzaron su vínculo en 2016. “La violencia expresada y denunciada penalmente por la ex primera dama se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”, detalló González, subrayando la asimetría de poder en la relación.
El debate sobre la jurisdicción del caso es fundamental, ya que la defensa de Yañez insiste en que los hechos comenzaron en la Ciudad de Buenos Aires, lo que justificaría la intervención de Comodoro Py. Además, argumentan que trasladar el caso a San Isidro podría fragmentar la investigación, lo cual atentaría contra su progreso. “Las medidas de prueba podrían duplicarse, superponerse, e incluso podría haber decisiones contradictorias”, explicaron fuentes cercanas al caso. La querella también sostiene que el hecho de que los episodios de violencia se hayan perpetuado en Olivos no cambia la naturaleza original de los hechos ni justifica el traslado del expediente a otra jurisdicción.
Por otro lado, se especula que Fernández busca el traslado a San Isidro por razones estratégicas, recordando que en esa jurisdicción, junto con Yañez, logró cerrar rápidamente el caso de la fiesta en Olivos, acordando una probation para evitar el procesamiento. El juez federal Ercolini ha solicitado la opinión del fiscal Ramiro González, quien se espera que responda en las próximas 48 horas. Será entonces cuando se decida si la investigación continuará en Comodoro Py o si finalmente se enviará a San Isidro, donde quedaría en manos de los jueces Lino Mirabelli o Sandra Arroyo Salgado, según el sorteo correspondiente de la Cámara de San Martín.
