El congelamiento del bono de hasta $70.000 que perciben jubilados y pensionados desde marzo de 2024 llegó a la Justicia y abrió un nuevo frente para el Gobierno. La Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en el marco de la causa Varela Alberto c/ ANSeS, resolvió que si la pérdida en los haberes supera el 15% por la falta de actualización, la medida podría considerarse confiscatoria y contraria al artículo 14 de la Constitución Nacional. “El Gobierno debería reponer esa pérdida a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que cobran ese bono y además otorgar el monto actualizado a los nuevos jubilados y pensionados que perciban haberes mínimos”, explicó el abogado previsionalista Guillermo Jáuregui en diálogo con Clarín.
El fallo de segunda instancia ordena al juzgado que determine de manera concreta el impacto de la ausencia de incrementos sobre el denominado “refuerzo previsional”. Según el texto, se deberá constatar en cada caso si la quita resultó confiscatoria “considerando para ello la sumatoria de todos los beneficios percibidos por el actor”. De acuerdo con los cálculos oficiales, si los $70.000 se hubiesen ajustado con la evolución de los haberes, en septiembre de 2025 deberían alcanzar los $166.755. En cambio, la ley vetada por el Poder Ejecutivo había previsto un aumento a $110.000. “Es evidente que la quita que supone el congelamiento sería del 57%. Si se analiza mensualmente, en cualquier mes la quita supera el 15%”, remarcó Jáuregui.
Distintos centros de estudios también midieron la pérdida. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) advirtió que la decisión de fijar el bono en $70.000 afectó al 49,5% de los beneficiarios del SIPA, es decir, unos 3 millones de personas, más 1,5 millón de titulares de PUAM y PNC. Según el informe, “el impacto positivo del refuerzo fue decreciente en el tiempo, pasando de representar el 52% del haber mínimo en diciembre 2023 al 23% en junio 2025”. Por su parte, el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) destacó que, mientras los haberes aumentaron 138% entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, la mínima con bono incluido sólo se incrementó 91%. “De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería haber sido en septiembre de 2025 de $166.755, es decir, más del doble de lo actual”, señalaron.
El caso Varela sienta un precedente clave, ya que podría habilitar a miles de jubilados a iniciar reclamos similares. La confirmación del veto presidencial a la ley que contemplaba un ajuste menor, de $70.000 a $110.000, refuerza esa posibilidad. No obstante, en los planes del Gobierno no está previsto actualizar el bono, sino mantenerlo congelado hasta fin de 2025.
La propia Cámara advirtió que los decretos que fijaron la suma “podrían llevar a convalidar una postergación indefinida de aquellos beneficios que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes, ni a admitir graves deterioros de su jubilación”. El tribunal agregó que, si bien el Ejecutivo tiene facultades para organizar el sistema, esas atribuciones deben ejercerse “dentro de límites razonables, o sea, de modo que no se hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social”.
