La Cámara Federal porteña emitió un fallo histórico este lunes, al ordenar la “inmediata detención” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres más influyentes del régimen chavista. Ambos son acusados de “graves violaciones a los derechos humanos” en su país, en el marco de un plan sistemático de detenciones, torturas y desapariciones forzadas. Esta medida también fue extendida a más de treinta altos cargos militares y de seguridad venezolanos. La Justicia argentina solicitó a Interpol que emita alertas rojas para facilitar la captura internacional de los implicados.
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, en respuesta a un pedido de los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, que actuaron tras recibir testimonios de varias víctimas venezolanas. En su resolución, los magistrados sostienen que el régimen de Maduro ha implementado desde 2014 un plan de represión contra una parte de la población civil, cometiendo crímenes como torturas, homicidios y persecuciones. Este fallo se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a cualquier país procesar delitos graves contra los derechos humanos, independientemente de dónde hayan ocurrido.
Tomás Farini Duggan, uno de los abogados que impulsó la causa, junto con el actual ministro de Seguridad porteña, Waldo Wolff, celebró la medida y destacó su trascendencia. “Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad”, afirmó Farini Duggan. Agregó que esta decisión también enviará un claro mensaje a la Corte Penal Internacional, donde ya se están investigando las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen chavista.
La resolución no sólo busca la detención de Maduro y Cabello, sino que también exige que se continúe con la investigación en profundidad sobre otros altos mandos del régimen venezolano. El juez de instrucción, Sebastián Ramos, fue instruido para recopilar más pruebas, escuchar a los testigos y avanzar en la identificación de otros responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Según Farini Duggan, aunque el gobierno de Venezuela podría intentar escudarse en la Convención de Viena y las inmunidades que otorga a mandatarios extranjeros, existen precedentes donde Interpol ha emitido alertas rojas para funcionarios de gobiernos en funciones, como ocurrió con los iraníes acusados en la causa AMIA.
Este fallo también tiene implicancias internacionales, ya que, de activarse las alertas rojas de Interpol, Maduro y los demás imputados sólo podrían viajar a países que no reconozcan estas medidas, como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia o Irán. La decisión de la justicia argentina marca un importante avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de las atrocidades cometidas en Venezuela y reafirma el compromiso del país con los derechos humanos a nivel global.
