La Fundación Apolo ha presentado una denuncia formal por presuntas irregularidades en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) durante su intervención judicial, instando a que se investiguen a fondo posibles operaciones irregulares que habrían perjudicado tanto al sindicato como a su obra social, OSPRERA. Esta denuncia se produce en un contexto de creciente tensión, ya que diversas seccionales del gremio están exigiendo la destitución del secretario general, José Voytenco, vinculado al kirchnerismo. La denuncia de la Fundación, vinculada al partido Republicanos Unidos, tiene como figuras destacadas a Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, y al legislador Yamil Santoro.
Entre los acusados en la denuncia se encuentran la ex ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, el controvertido juez federal José Baric y Néstor Acuña, un hombre cercano al magistrado. Baric fue el encargado de mantener la intervención judicial de OSPRERA desde marzo de 2023 hasta el 30 de junio del presente año, cuando devolvió el control de la obra social al gremio. Durante este período, Acuña fue designado para administrar OSPRERA, lo que genera dudas sobre la transparencia de sus operaciones. La denuncia, firmada por el jefe del equipo de legales de la ONG, José Magioncalda, el abogado Ignacio Falcón y el diputado Sebastián Pascual, detalla supuestas violaciones a los artículos 210, 268 y 248 del Código Penal Argentino, centrándose en el accionar de Baric y sus decisiones que habrían favorecido a ciertos sectores en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Los hechos señalados incluyen la designación de Acuña y las decisiones tomadas en el marco de la intervención de OSPRERA tras el asesinato del chofer del vicepresidente del sindicato, un episodio que ha dejado una profunda herida en la organización. Además, la denuncia también resalta irregularidades en la gestión de José Voytenco, quien es acusado de convocar elecciones en 2023 bajo serios cuestionamientos y de mantener relaciones comerciales con empresas privadas que habrían beneficiado a su entorno. Las empresas mencionadas son Surco Compañía de Seguros y Reservin Patagonia SRL, lo que sugiere un posible conflicto de intereses y enriquecimiento personal.
Por otro lado, la denuncia apunta a la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, acusándola de tener un rol pasivo frente a los múltiples reclamos judiciales relacionados con las irregularidades denunciadas. La presentación sugiere que su inacción podría estar relacionada con un entramado de negocios irregulares que comprometería tanto al sindicato como a otros actores políticos. En agosto pasado, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación había intervenido OSPRERA, revelando irregularidades millonarias en su gestión. Virginia Montero fue designada como administradora provisoria, y su revisión de los contratos reveló graves anomalías en el manejo de los fondos.
Sin embargo, dos semanas después, un fallo judicial inesperado del juez Juan José Baric ordenó la restitución del control de OSPRERA al gremio, un hecho que pone de manifiesto las complejidades y tensiones en torno a la administración de la obra social. Este fallo ha generado preocupación entre los funcionarios que buscan regularizar la situación de OSPRERA, que se encuentra en un estado crítico. Baric, quien había designado a Acuña como administrador durante su intervención, ha tomado medidas contra aquellos que lo acusan de asociación ilícita y tráfico de influencias, lo que refleja un entorno enrarecido y conflictivo dentro del sindicalismo argentino.
