La reciente renuncia de Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema reconfiguró el escenario judicial del caso Vialidad y dejó a Cristina Fernández de Kirchner frente a una situación que buscaba evitar: que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti —quienes fueron blanco de una fallida embestida política durante el gobierno de Alberto Fernández— sean quienes revisen su condena por corrupción. La ex vicepresidenta fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La salida de García-Mansilla volvió abstracto el pedido de recusación que había presentado el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. El constitucionalista había asumido en comisión el 26 de febrero pasado mediante el decreto 137/2025 firmado por el presidente Javier Milei, y fue incluido en la recusación apenas el expediente Vialidad ingresó a la Corte. Esa estrategia le otorgaba tiempo a la defensa, ya que la impugnación debía resolverse antes de que el máximo tribunal pudiera comenzar a evaluar los recursos de queja presentados para revertir la condena confirmada por la Cámara Federal de Casación.
El retiro de García-Mansilla deja al frente de la decisión final a los tres ministros que conforman el núcleo más resistido por el kirchnerismo. Durante la administración anterior, el oficialismo impulsó durante más de un año y medio un juicio político contra la Corte, que fracasó a pesar de haber obtenido dictamen en la comisión correspondiente. La acusación nunca logró ingresar al recinto y fue archivada con el cierre del período legislativo. En ese contexto, la ex presidenta del PJ nacional se limitó a cuestionar la intervención del juez recién ingresado, mientras que los demás jueces del máximo tribunal ya habían intervenido previamente en distintos tramos del expediente.
Actualmente, los recursos de queja presentados por los condenados en el caso Vialidad se encuentran en la Secretaría Penal de la Corte Suprema. Allí se elabora un informe que será enviado a los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Luego, el expediente será girado a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, quien deberá pronunciarse sobre el reclamo del fiscal general, que busca una pena aún más severa para la ex vicepresidenta. Solo cuando Casal emita su dictamen, la Corte estará en condiciones de comenzar a analizar el expediente y decidir si acepta abrir la queja para revisar la sentencia.
La condena, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada en noviembre de 2024 por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, da por acreditado que entre 2003 y 2015 se concretó una “notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional” a través de la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz. Según la sentencia, la maniobra involucró a “integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional”, en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad, la administración provincial y el empresario Lázaro Báez, con el objetivo de asegurar un beneficio económico tanto para él como para la sociedad conyugal integrada por Néstor y Cristina Kirchner.
Por el momento, ni la Procuración ni la Corte tienen plazos legales para resolver el caso, por lo que la sentencia dictada en 2022 solo quedará firme una vez que el máximo tribunal se expida en forma definitiva. Mientras tanto, el proceso se convierte en una pieza clave del tablero político, especialmente en un año en el que Cristina Kirchner vuelve a ser mencionada como posible candidata en territorio bonaerense, en medio de un distanciamiento con el gobernador Axel Kicillof.
