La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de queja interpuestos por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho imputados, confirmando así la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa conocida como Vialidad. De esta manera, la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado quedó firme, con una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “La confirmación de la condena por hechos de corrupción” fue ratificada por la Sala IV de la Cámara de Casación y ahora respaldada por el máximo tribunal.
La causa investigó el direccionamiento de 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez durante los tres gobiernos kirchneristas. La Justicia determinó que el perjuicio al Estado asciende a 85.000 millones de pesos, cifra que, según indicaron los jueces, es actualizable. La resolución del TOF 2 había sido suscripta por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y ratificada por Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky en la Cámara de Casación. Será ahora el presidente del TOF 2 quien decida cómo se ejecutará la condena.
Con la condena firme, se reactiva una demanda civil iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri por daños y perjuicios al Estado. La acción apunta a que los condenados respondan con su patrimonio por las obras viales adjudicadas irregularmente, muchas de las cuales fueron abandonadas con apenas un 16% a 36% de avance pese a haberse cobrado en su totalidad. La gestión de Alberto Fernández mantuvo el expediente paralizado durante cuatro años, pero la administración de Javier Milei ordenó avanzar con la causa y solicitó la actualización del monto inicial, que era de 22.300 millones de pesos. La cifra ahora deberá ajustarse en función de los 85.000 millones establecidos en la sentencia penal.
La decisión de la Corte también reaviva los vínculos entre esta causa y otras dos investigaciones elevadas a juicio oral: Hotesur y Los Sauces, en las que se investiga lavado de dinero, dádivas y asociación ilícita. La Justicia sostuvo que los lazos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron “determinantes para la concreción de una defraudación” donde se disfrazaron maniobras ilegales bajo apariencia de legalidad. “Procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”, sostuvieron los jueces. Parte del dinero investigado habría sido canalizado a las empresas familiares de la ex presidenta: Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, y la inmobiliaria Los Sauces SA.
Estas causas están en manos del Tribunal Oral Federal 5, que ya ordenó una pericia contable y debe fijar la fecha de inicio del juicio. A su vez, la causa Vialidad II, centrada en las responsabilidades de funcionarios de segunda y tercera línea del Estado, también fue elevada a juicio oral. En Comodoro Py consideran que la confirmación de la sentencia principal por parte de la Corte generará “un efecto dominó sobre otros casos que involucran a la ex Presidenta”. El avance judicial, tras años de estancamiento, marca un punto de inflexión en el panorama político y judicial del país.
