En las primeras horas del lunes, la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia elevó a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti un informe detallado sobre los nueve recursos de queja presentados por las defensas en la causa Vialidad. La recomendación del área técnica fue concreta: rechazar todas las quejas. Esta causa tiene como figura central a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los recursos de queja, ingresados el 13 de febrero, tienen como objetivo revertir el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 en diciembre de 2022. Esta resolución responsabilizó a Kirchner, junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios, por la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. A este conjunto de planteos también se sumó el del Ministerio Público Fiscal, representado por Mario Villar, quien reclamó una condena aún mayor para la ex mandataria —doce años de prisión— al considerar que también debe ser condenada como jefa de una asociación ilícita. El procurador Eduardo Casal avaló ese pedido.
Tras recibir el informe, los jueces del máximo tribunal comenzaron el análisis de los argumentos presentados. Sin plazos definidos, la Corte deberá decidir si acepta tratar las quejas o si las desestima, como sugiere la Secretaría Penal. La decisión podría resolverse bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, mecanismo que ya fue utilizado por el tribunal en otros casos resonantes como la Ruta del Dinero K, Ciccone y la tragedia de Once.
La sentencia del caso Vialidad sostiene que Cristina Kirchner “transgredió los deberes extrapenales” y perjudicó los intereses del Estado Nacional, facilitando —según la resolución— un esquema de corrupción en beneficio de Lázaro Báez. “Las pruebas permiten acreditar la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner en el delito”, indicó el fallo que fue confirmado por la Cámara de Casación. En esa instancia, también se afirmó que “resulta penoso confirmar una condena por haberse probado de manera tan contundente un hecho defraudatorio de las dimensiones del que fue objeto este proceso cuando los responsables penales resultan ser funcionarios de tan alta jerarquía”.
El fallo detalla cómo las empresas de Báez fueron favorecidas sistemáticamente en la adjudicación de obras viales, en un contexto de vínculos “promiscuos y corruptos” entre funcionarios y empresarios. Se describen maniobras que incluyeron adelantos financieros, pagos anticipados y falta de control en la ejecución de las obras. En palabras del fallo, los lazos entre la ex presidenta y Báez “tuvieron como fin procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”.
Con el rechazo reciente de la recusación presentada por el abogado de Kirchner contra el juez Lorenzetti, y sin nuevos planteos judiciales en trámite, la Corte queda ahora en condiciones de emitir su pronunciamiento final sobre los recursos. Aunque el máximo tribunal no tiene competencia para revisar el fondo de la condena, sí debe garantizar que el proceso judicial haya respetado todas las garantías constitucionales. En este contexto, el fallo final podría marcar un punto de cierre institucional para una de las causas más relevantes de corrupción de las últimas décadas.
