La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso ha sido un escenario central de la política argentina en los últimos años, especialmente bajo la influencia del kirchnerismo, que la ha utilizado estratégicamente para ejercer presión sobre jueces y fiscales involucrados en causas que afectan a la ex presidenta Cristina Kirchner. Uno de los episodios más resonantes ocurrió en enero de 2022, cuando, en el contexto de la causa conocida como la “Gestapo sindical”, la comisión dirigió sus esfuerzos contra el procurador general bonaerense Julio Conte Grand. La acusación se centraba en una supuesta confabulación para armar una causa en contra de Juan Pablo “Pata” Medina, ex titular de la UOCRA de La Plata, quien enfrentaba cargos de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero.
En este contexto, el cristinista Leopoldo Moreau sostuvo un tenso intercambio con Conte Grand, buscando implicar al entonces ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas, en un video que presuntamente sugería que la Procuración facilitaría las denuncias contra Medina. “Tuve que pedir que pasaran tres veces el video para constatar que no había un acuerdo para acusar al dirigente sindical”, declaró Conte Grand, desmintiendo cualquier confabulación. Este incidente reflejó la estrategia del kirchnerismo de utilizar la comisión para atacar a funcionarios judiciales y fortalecer su narrativa sobre una persecución política.
El uso de la Bicameral de Inteligencia como herramienta de presión no se limitó a este caso. En mayo de 2020, la comisión buscó aprovechar una denuncia del ex agente de la AFI, Francisco Melo, quien alegó haber recibido órdenes para “manipular” declaraciones de un barrabrava de Independiente, con el fin de perjudicar al dirigente Pablo Moyano. Además, en esa misma reunión, los legisladores kirchneristas intentaron exponer a quienes filtraron a Elisa Carrió las escuchas telefónicas del Operativo Puf, un presunto complot organizado desde la cárcel para desactivar la causa de los cuadernos, un caso que involucró al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli.
El poder de la comisión se vio en su máximo esplendor en marzo de 2021, cuando Leopoldo Moreau, como presidente de la Bicameral, anunció la presentación de juicios penales contra jueces basándose en un informe sobre supuestas irregularidades en la oficina de escuchas de la Corte, conocida como DAJuDeCO. Moreau apuntó directamente al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, en un movimiento que parecía dirigido a desestabilizar a los magistrados que investigaban a Cristina Kirchner. Esta serie de episodios subraya el uso de la Bicameral de Inteligencia como un mecanismo para influir en el poder judicial y proteger los intereses del kirchnerismo en momentos críticos.
