La disputa judicial más costosa que enfrenta actualmente la Argentina ingresará la próxima semana en una fase definitoria. El miércoles 29 de octubre, a las 12 (hora argentina) y apenas tres días después de las elecciones nacionales, comenzará la audiencia en la que el Segundo Circuito de Nueva York escuchará los argumentos de las partes en la apelación del fallo de la jueza Loretta Preska. En septiembre de 2023, Preska condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF realizada en 2012. La convocatoria ya tiene lugar, fecha y protagonistas definidos, y marca un punto de inflexión en un litigio que lleva más de ocho años en los tribunales estadounidenses. Este jueves, a menos de una semana de la audiencia, se conocieron los nombres de los tres magistrados a cargo de analizar los alegatos “orales”: José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, todos designados por presidentes demócratas.
Los alegatos se desarrollarán en la Sala 1703 del Thurgood Marshall United States Courthouse, en el Centro Cívico de Manhattan, y se extenderán por aproximadamente una hora y veinte minutos. Según un relevamiento del especialista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, Cabranes, de 84 años y nacido en Puerto Rico, llegó al Segundo Circuito en 1994 designado por Bill Clinton, luego de haber sido nombrado por Jimmy Carter en un tribunal de Connecticut en 1979. Chin, nacido en Hong Kong y de 71 años, integra la Corte de Apelaciones desde 2010 gracias a la nominación de Barack Obama, luego de desempeñarse desde 1994 en el Distrito Sur de Nueva York por impulso de Clinton. En tanto, Robinson, de 60 años y nacida en Pakistán, fue incorporada a este tribunal en 2021 por Joe Biden tras una trayectoria judicial en Vermont. Los tres escucharán a los representantes legales de la Argentina, de los fondos demandantes Petersen y Eton Park —financiados por Burford Capital— y de YPF, que busca mantener su exclusión del proceso tras haber sido removida del juicio desde marzo de 2023.
La Argentina insistirá para que el tribunal declare la nulidad del caso o reduzca sustancialmente el monto reclamado. Los jueces podrán realizar preguntas y observaciones para poner a prueba cada argumento, aunque la resolución podría demorar varios meses. Si bien el fallo podría conocerse en cualquier momento tras la audiencia, especialistas estiman que lo más probable es que sea publicado dentro de un plazo de seis meses. El escenario posterior tampoco promete un cierre inmediato: Burford Capital adelantó que, cualquiera sea la decisión del tribunal, existe una alta probabilidad de que la parte disconforme apele ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En un comunicado reciente, la firma consideró que la resolución definitiva podría darse recién entre diciembre de 2026 y junio de 2027. Además, recordó que es poseedora del 35% de las demandas de las sociedades Petersen y del 82% de las de Eton Park, lo que equivale a unos US$ 6.400 millones.
Burford también manifestó nuevamente su disposición a alcanzar un arreglo extrajudicial, al advertir que “como todo litigio, conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad, como de pérdida total”. En ese marco, señaló que “las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias” y prometió que “en caso de existir negociaciones o conversaciones tendientes a un acuerdo en el caso YPF, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión”. La Argentina, en caso de que el fallo del Segundo Circuito le resulte adverso, deberá enfrentar un pasivo que ya supera los US$ 18.000 millones contando los intereses acumulados, un monto comparable al swap firmado con Estados Unidos para contribuir a la estabilidad económica. Con la audiencia del 29 de octubre, el país ingresa así en una instancia decisiva que puede redefinir los costos y la duración de uno de los mayores litigios internacionales de su historia financiera.