Tras la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal, el kirchnerismo se enfoca ahora en el Senado para consolidar un acuerdo con el bloque radical. El objetivo es agilizar la aprobación de la nueva fórmula de actualización jubilatoria, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Además, se pretende avanzar en un temario que incluye el financiamiento universitario, una propuesta impulsada por Martín Lousteau.
Por el momento, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha estado retrasando el envío del proyecto de actualización jubilatoria a las comisiones de Presupuesto, presidida por Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), y de Trabajo y Previsión Social, encabezada por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO). Sin embargo, fuentes de la oposición informaron a Clarín que la próxima semana el Senado comenzará a tratar la nueva fórmula jubilatoria, que reemplazaría el DNU 274/2024 de Javier Milei. Este último ya ha amenazado con vetar cualquier norma que surja del Congreso.
La discusión sobre las jubilaciones llega en un momento delicado para la Casa Rosada, que ajusta negociaciones con la oposición en Diputados para asegurar la sanción de la Ley de Bases y el paquete fiscal, elementos clave para que el presidente firme un acuerdo con las provincias el próximo 9 de julio. Sin embargo, el oficialismo enfrenta una resistencia considerable en el Senado, y en dos semanas podría sufrir una nueva derrota legislativa antes del receso invernal. Villarruel y sus aliados trabajan para reducir los daños, conscientes de que la nueva fórmula probablemente se aprobará por amplia mayoría, aunque intentan evitar que se alcance la mayoría de dos tercios.
En el bloque de Unión por la Patria (UxP), liderado por José Mayans, se busca alcanzar esa mayoría especial, lo que sería un fuerte condicionamiento para Milei. En Diputados, la propuesta obtuvo 160 votos gracias a un apoyo transversal que incluyó a Unión por la Patria, la UCR, Hacemos por Córdoba, la Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos diputados provinciales. Desde la bancada peronista esperan avanzar con el despacho de comisión sin modificar la media sanción de la Cámara baja, para que la nueva fórmula jubilatoria se apruebe lo antes posible sin tener que volver a Diputados. “No es mucho para el jubilado, pero mejora su ingreso”, reconoció un senador kirchnerista.
El campamento radical aún no ha definido su postura oficial, pero apoya el avance del tratamiento del nuevo esquema jubilatorio. Este esquema es rechazado por el Gobierno porque implica un ajuste del 8% debido a la diferencia entre la recomposición del 12,5% otorgada por el Gobierno y el 20,6% de inflación de enero. Esto amenaza con dificultar el objetivo de mantener el déficit cero, ya que la nueva fórmula tiene un costo fiscal del 0,42% del PBI. Para contrarrestar la alianza entre peronistas y radicales, el salteño Juan Carlos Romero, uno de los aliados más firmes del Gobierno, presentará un dictamen de minoría para que el costo de la movilidad jubilatoria sea financiado mediante una reducción de beneficios y exenciones impositivas al ensamblado de productos electrónicos en Tierra del Fuego.
El Senado también discute otras alternativas, como pagar el 8% de ajuste en cuotas, una propuesta inicialmente presentada en Diputados por María Eugenia Vidal, aunque sin mucho éxito y con fuertes críticas de la oposición. El nuevo esquema de movilidad jubilatoria aprobado en Diputados incluye el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, y la principal diferencia radica en el empalme del 8% mencionado. La propuesta también fija una actualización anual basada en el incremento de salarios, equivalente al 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) sobre la variación de la inflación, y establece un piso de haberes en 1,09 veces la canasta básica total por adulto.
En cuanto al pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas por las provincias, se acordó que serán financiadas con recursos tributarios asignados a la ANSES, como los impuestos al cheque, PAIS e IVA. Si fuera necesario, se recurriría al Tesoro, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
