El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió esta semana que “sin Estado no hay temporada de verano”, en un claro llamado a la clase política a trabajar por la estabilidad financiera de la provincia en un contexto económico incierto. En los primeros días del verano, Kicillof se enfrenta a un panorama complicado, ya que necesita la aprobación de un multimillonario presupuesto para financiar los gastos de 2025, una ley fiscal impositiva que permita sostener el gasto público y la autorización para un endeudamiento de aproximadamente 1.100 millones de dólares, además de otros 250 millones en letras del tesoro. El gobernador optó por presentar el proyecto en la Cámara de Diputados, donde la bancada de Unión por la Patria tiene una mejor chance de sortear los obstáculos planteados por la oposición bonaerense.
Sin embargo, la batalla política no solo está centrada en los partidos de oposición, sino también dentro del propio espacio oficialista. La relación entre Kicillof y La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, se ha tensado en los últimos tiempos. A pesar de que el gobernador fue apoyado por Cristina Kirchner durante su mandato, la interna en el kirchnerismo se ha agudizado, y muchos analistas sugieren que la verdadera amenaza para la gobernabilidad de Kicillof proviene del seno del oficialismo. La Cámpora, en particular, ha mostrado un creciente desdén hacia el gobernador, y algunos miembros del sector más duro del kirchnerismo no dudan en admitir que preferirían verlo fuera del cargo. En este contexto, la reciente disputa en la Cámara de Diputados, donde se intentó aprobar una ley fiscal que limitaba las posibilidades de Kicillof, fue un claro ejemplo de la tensión interna. Máximo Kirchner, con el apoyo de varios diputados del PRO y la Coalición Cívica, intentó imponer restricciones al presupuesto de la provincia, lo que generó una fuerte reacción del gobierno provincial.
A pesar de estos obstáculos, Kicillof sigue trabajando para lograr un acuerdo que permita aprobar su presupuesto. La situación en la legislatura provincial está en constante cambio y la incertidumbre sobre la aprobación de los proyectos sigue siendo alta. A los desafíos políticos internos se suman las demandas de los intendentes, que exigen una mayor distribución de fondos para enfrentar el año electoral. Mientras tanto, los jefes comunales de diversos sectores, desde el PJ hasta la UCR, han solicitado al gobernador 400.000 millones de pesos, cifra que supera ampliamente la oferta de 170.000 millones que Kicillof ha planteado. A pesar de los roces políticos, se espera que la negociación continúe durante las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de la segunda quincena de febrero, cuando el presupuesto podría ser finalmente aprobado, o bien, postergado aún más.
