El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofreció declaraciones públicas sobre el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en Virrey del Pino el lunes pasado. Kicillof destacó que las circunstancias en torno al crimen son “muy dudosas” y “muy sospechosas” a pesar de ser un delito vinculado al robo, pero pidió esperar el resultado de la investigación y la acción de la Justicia. El gobernador también cuestionó a la oposición por “consentir” y “hasta incentivar” las agresiones sufridas por el ministro de Seguridad, Sergio Berni.
En una entrevista con C5N, Kicillof señaló que el crimen es “tremendamente doloroso” y una “tragedia”, y resaltó que su administración está haciendo una “inversión histórica y una transformación muy profunda de la Policía Bonaerense”, aunque el hecho impacta “en todos personalmente y como Gobierno”. Además, pidió “investigar a fondo para entender qué pasó” y repudió la utilización política del caso.
El gobernador también criticó a la oposición y a aquellos medios que, según dijo, “consentían” y “hasta incentivaban” las agresiones. Kicillof destacó que la alianza opositora de Juntos por el Cambio tenía un tema con la provincia, lo que explicaría su actitud, y remarcó la necesidad de “prender las luces” de alarma sobre la seguridad en los colectivos.
Kicillof ratificó que su Gobierno presentó una denuncia por la agresión a Berni y advirtió que “no puede admitirse una violencia de ese tipo” contra un funcionario. También destacó que los vecinos del Virrey del Pino dijeron que “no conocían a la gente que agredió al ministro”, aunque llamó a “tener cautela y esperar que lo diga la Justicia”.
El gobernador de Buenos Aires pidió también “investigar el accionar de la Infantería” de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras la represión del lunes en la autopista General Paz, donde se llevaba a cabo el corte de los colectiveros de la línea 620. En cuanto a la implementación de cámaras en las unidades, Kicillof recordó que la ley que establece esa medida se sancionó en 2016 y se reglamentó en abril de 2018, durante el Gobierno de María Eugenia Vidal, y destacó que su administración resolvió otorgar a las empresas de transporte “a modo de subsidio 160 millones de pesos por mes, que ahora son 190, para que coloquen las cámaras”.
