Por primera vez, Cristina Kirchner y su hijo Máximo podrían compartir el banquillo de los acusados, pero esa imagen no se verá este año. El inicio del juicio oral y público por los casos Hotesur y Los Sauces, que investiga presunto lavado de dinero y asociación ilícita, quedó programado recién para 2026. “Con lo que queda de calendario judicial por delante, no se llegará a este año”, indicaron fuentes judiciales a Clarín, tras la recepción de la pericia contable sobre la empresa hotelera y a la espera del informe sobre la inmobiliaria.
El expediente se centra en las empresas familiares Hotesur, propietaria de hoteles como el Alto Calafate, y Los Sauces, inmobiliaria que nunca tuvo actividad real más allá de contratos simulados. “La maniobra se concretó con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal al solicitar la elevación a juicio. Un hilo conductor de ambas compañías fue Lázaro Báez, quien actuó como inquilino de Los Sauces y administrador de los hoteles de Hotesur, y cuya participación, según la acusación, permitió “devolver” a la familia Kirchner parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas, investigadas en el caso Vialidad.
En este expediente también se imputa el delito de dádivas, debido a la relación comercial mantenida entre Cristina Kirchner, en su rol de funcionaria pública, y Báez, empresario contratista del Estado. “El lavado no se agota en Lázaro Báez. Las operaciones de blanqueo se realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”, señaló el fiscal general Diego Velasco, quien actuará como acusador en el juicio. Según la cronología judicial, entre 2009 y 2013, Báez transfirió más de 27 millones de pesos a través de su firma Valle Mitre, destinados a la explotación de los hoteles de la familia Kirchner, incluyendo operaciones con empresas del Grupo Austral que jamás ocuparon las habitaciones alquiladas.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), presidido por el juez José Michilini junto a Nicolás Toselli y Adriana Palliotti, deberá fijar fecha de inicio solo una vez que se completen todas las pruebas. Hasta ahora, ingresó al Tribunal la pericia contable de Hotesur, aunque de forma “incompleta”, y aún se aguarda la de Los Sauces. Sin estos informes, no será posible comenzar el debate, lo que empuja la audiencia a 2026. Mientras tanto, Cristina Kirchner volverá a sentarse en el banquillo en noviembre de este año por el caso Cuadernos de las Coimas, donde está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos.
Los antecedentes judiciales sobre el circuito financiero de la familia Kirchner muestran que los ingresos de Valle Mitre y otras empresas de Báez provenían de Austral Construcciones, contratista de obras públicas, y que esos fondos fueron finalmente a las compañías familiares de la ex Presidenta. “Cristina Kirchner proveía el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales”, concluyó la Justicia en su fallo sobre contratos simulados.
