El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó 359 cargos gerenciales, en una nueva etapa del achicamiento del Estado porteño que impulsa Jorge Macri. Con esta medida, la planta administrativa de la Ciudad alcanzó su nivel más bajo en los últimos diez años, un dato que contrasta fuertemente con el derroche de cargos políticos que todavía exhiben varios municipios del conurbano bonaerense.
La reducción representa más del 20% de la estructura jerárquica de gestión y se suma a un proceso que, desde que Macri asumió como jefe de Gobierno, ya acumula la eliminación de 8.954 puestos, una baja del 15% sobre la dotación total. Lejos de ser un ajuste improvisado, la medida responde a la digitalización de trámites y a la modernización administrativa que hizo innecesarias varias capas de supervisión intermedia que antes existían solo para gestionar procesos en papel.
Un Estado más eficiente, menos costoso
“Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden”, sostuvo Macri al anunciar la decisión.
El impacto ya se nota en las cuentas públicas. En 2023, el gasto en remuneraciones representaba el 44% del presupuesto total de la Ciudad; hoy ese porcentaje bajó al 41%. La planta estatal porteña volvió así al mínimo histórico registrado en 2015, un piso que ningún gobierno había logrado tocar en la década siguiente.
La baja sostenida no fue un hecho aislado, sino el resultado de una batería de medidas aplicadas en forma escalonada: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y un nuevo sistema de evaluación de desempeño. Cada instrumento fue sumando piezas a una política clara de achicamiento estructural del Estado, en sintonía con el sentido común que hoy impera también a nivel nacional de la mano de Javier Milei.
El contraste con el conurbano bonaerense
Mientras la Ciudad avanza hacia un Estado más liviano y moderno, la fotografía es radicalmente distinta apenas se cruza la General Paz. En buena parte de los municipios del conurbano gobernados por el peronismo, la planta de empleados públicos y los cargos políticos siguen creciendo, alimentados por el clientelismo y la falta de controles.
Ese modelo, sostenido durante años por Axel Kicillof desde la provincia, explica en parte por qué Buenos Aires acumula un gasto público desproporcionado en relación a los servicios que efectivamente recibe el vecino, además de índices de inseguridad que siguen preocupando a millones de bonaerenses. La comparación entre la gestión porteña y la provincial vuelve a poner en evidencia dos maneras opuestas de entender el rol del Estado.
Mientras en CABA la modernización tecnológica permitió reducir estructuras sin afectar la calidad de los servicios, en gran parte del territorio bonaerense la política sigue premiando la designación de funcionarios por afinidad partidaria antes que por capacidad de gestión. La experiencia porteña, en ese sentido, se convierte en un modelo a seguir para cualquier distrito que quiera ordenar sus cuentas sin resignar eficiencia.
El proceso de reforma administrativa en la Ciudad se da, además, en un contexto nacional donde el ordenamiento fiscal impulsado por el Gobierno de Milei viene mostrando resultados concretos: baja sostenida de la inflación, superávit fiscal y una macroeconomía cada vez más previsible. La coherencia entre el rumbo nacional y las políticas de reducción del gasto en la Ciudad refuerza la idea de que el ajuste bien hecho, sin populismo ni curros, termina beneficiando directamente al bolsillo de los ciudadanos.
